El senado brasileño define el futuro de Dilma Rousseff

Dilma Rousseff se defenderá hoy ante los senadores que deciden su destitución en Brasil en el que será, si se cumplen las previsiones, su último acto y el más dramático como presidenta del gigante sudamericano.

"Irá con un espíritu altivo. Está tranquila ", resumió uno de sus asesores pocas horas antes de su comparecencia en el Senado, la antesala de una votación final para decidir si es despojada o no de su mandato.

Aislada políticamente, agobiada por la peor recesión económica desde los años 30 y con su partido ametrallado por denuncias de corrupción, Rousseff fue suspendida de su cargo en mayo, acusada de maquillar las cuentas públicas.

La votación final será el punto final de un proceso que remece al país desde hace nueve meses, junto con una economía maltrecha y el descrédito en una clase política embarrada por escándalos la corrupción.

El mensaje de Dilma

En el Senado, Rousseff dará un mensaje de 30 minutos y luego será interrogada por detractores y aliados bajo la mirada de Luiz InácioLula da Silva , su padrino político y la figura que encarnó el despegue de Brasil , el éxito de la lucha contra la pobreza y el presidente más popular de la historia moderna.

La mandataria afirma que es inocente y que el juicio es en realidad "un golpe orquestado" por su exvicepresidente Michel Temer , devenido en su némesis política y el probable presidente de Brasil por los próximos dos años.

La votación

El pleno de 81 senadores decidirá el futuro gobierno del país en una sola ronda de votación.

Los aliados de Temer aseguran tener entre 60 y 61 votos para garantizar la condena, más de los 54 necesarios, y todos los sondeos coinciden que sólo un milagro evitará la destitución de la mandataria.

Rousseff fue acusada de autorizar gastos a espaldas del Congreso y postergar pagos a la banca pública para mejorar de artificialmente las cuentas públicas y seguir financiando programas sociales el año de su reelección y a inicios de 2015, algo prohibido por la Constitución.

Su defensa aduce que las prácticas cuestionadas también fueron usadas de forma recurrente por gobiernos anteriores, sin que fueran castigados.