Tras la pista de Angelici: allanamientos en La Plata

El operativo fue ordenado por el magistrado de Quilmes, Luis Armella, a raíz de una causa vinculada con una usina de facturas digitales apócrifas. La misma involucra a un contador relacionado con el presidente de Boca Juniors. También tendría nexos con un presunto testaferro de Aníbal Fernández

Personal de la AFIP, de la Policía Federal y de la Prefectura realizaron ayer una serie de allanamientos en distintas dependencias del Estado de la Provincia, especialmente en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC), que depende del Ministerio de Producción. 

Los operativos se realizaron a partir de una orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, que tiene a su cargo una investigación relacionada con una usina de facturas truchas digitales que estaría vinculada al estudio de Ángel Guidoccio, un contador estrechamente relacionado con el presidente de Boca Juniors y operador judicial del ma­crismo, Daniel Angelici. Las facturas apócrifas se habrían emitido y pagado durante el año 2015.

Guidoccio es investigado por presuntas operaciones de lavado y evasión a gran escala, por unos 1.500 millones de pesos. Tan estrecha es la relación con el titular del club de la Ribera que el contador habría llegado a ser apoderado de varias empresas de Angelici y, además, actualmente se desempeña como secretario de Economía en la comisión directiva de Boca.

Según consta en la orden de registro domiciliario, a la que tuvo acceso este diario, los sabuesos de la AFIP y el personal de las fuerzas de seguridad tenían orden de registrar toda documentación personal y/o contable vinculada a los imputados, como son Guidoccio y Lucía Barreto, responsables del estudio contable Guidoccio SRL; el empleado de la firma, Gustavo López; Luis Norberto Jaite  en su calidad de apoderado de distintos contribuyentes investigados; Damián Cisneros, titular de la conexión IP desde la que se realizaron casi todas las transacciones ante la AFIP; y Mabel Vinals, responsable de la firma Consultores y Auditores SRL. 

Eso no fue todo. También se buscó información de más de 70 contribuyentes considerados apócrifos como Mayra Yanina Fernández, Fanny del Valle Galván, Roberto Oscar Cecchi, María Alejandra Maldonado, Romina Vanesa Garobi, Christian Daniel Pérez, Jorge Ernesto Schuller, Érica Martín Ramirez, Daniel Alejandro Páez, Mónica Beatriz Ferreira, Juan María Fernández, Catalina Meza, entre otros.

Altas fuentes de la Dirección de Escuelas, consultadas por este medio, afirmaron que “los allanamientos dieron resultado negativo”, y destacaron que desde la cartera que conduce Alejandro Finocchiaro en todo momento colaboraron con la Justicia.

“Vinieron a buscar unas facturas por una causa por evasión fiscal. La usina estaba en Quilmes y aparentemente aparecían facturando a la Dirección de General de Cultura y Educación de la Provincia. Se trata de 72 CUIT, muchos de monotributistas y personas físicas, y buscaron cuántas facturas tenía cada uno de esos CUIT. En nuestros sistemas no apareció nada. Esta causa no tiene nada que ver con noso­tros”, le dijo a diario Hoy el titular de la Dirección General de Administración de la cartera educativa, Miguel Ángel Sola.

Los responsables de hacer el allanamiento tenían orden de secuestrar computadoras que, sospechaban, podían contener información clave pero, a raíz de los problemas operativos que podría generar el retiro de esas máquinas, finalmente tuvieron que hacerse presentes en el lugar expertos que realizaron las pericias en las oficinas contables e informáticas del edificio ubicado en calle 13 entre 56 y 57. En ese sentido, participó personal de la Dirección de Planificación Penal de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de AFIP (a cargo de Fabiana Comes) y del Departamento Informático Tecnológico del organismo recaudador.

Además de los vínculos con Angelici, a Guidoccio también se lo investiga por la presunta vinculación con el empresario tabacalero, Alberto Tomeo, sindicado por Elisa Carrió como presunto testaferro de Aníbal Fernández. El nexo estaría dado por la sociedad Diferir SA, una compañía supuestamente dedicada al negocio hotelero. Como Tomeo, el contador está relacionado con la zona sur del Gran Buenos Aires. Su domicilio declarado es una casa humilde en el partido de Almirante Brown, muy lejos de su verdadera condición económica y sus contactos políticos y empresarios.

Una red de 140 boletas truchas

“Guidoccio fue el contador de Angelici y hay facturas truchas de 140 empresas en esas causas. La Justicia está intentado establecer la vinculación, pero sabemos que Angelici habría hecho alguna maniobra para despegarse”, le dijo a este medio la abogada Mónica Frade, que trabaja en los equipos de Elisa Carrió y aportó pruebas en los tribunales de Quilmes.

El origen de la causa

La investigación por las facturas truchas se inició cuando el jefe interino de la sección Investigación y Análisis Penal de la División Penal Tributaria del Departamento de Grandes Contribuyentes de la AFIP, Fernando Berzero, denunció ante la Justicia federal de Lomas de Zamora que una serie de diligencias efectuadas por el organismo fiscal permitieron la individualización de 30 proveedores de facturas electrónicas, que las emitían sin tener capacidad económica ni estructura administrativa para realizar ese tipo de operaciones comerciales. Asimismo, también refirió que muchos de esos documentos eran emitidos por clientes de Guidoccio, desde direcciones IP pertenecientes a su estudio contable o a personas vinculadas a él.

El 19 de octubre pasado, el titular del Juzgado Federal n° 1 de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, declinó competencia en favor de la Justicia de Quilmes. Así, su colega Armella corrió la vista a la fiscal Cavallo, quien imputó a Guidoccio, Barreto, Jaite, Cisneros, López y Vinals, como integrantes de una presunta organización dedicada a la falsificación ideológica y material de facturas electrónicas para favorecer la evasión fiscal de diversos contribuyentes, y requirió investigarlos en orden a los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos e infracciones a la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario.