Boudou, a juicio oral por la causa Ciccone

El fiscal federal Jorge di Lello emitió dictamen para elevar a esa instancia la investigación que se le sigue al exvicepresidente por la compra fraudulenta de la “máquina de hacer billetes”. Piden la indagatoria por complicidad de Ricardo Echegaray y parte de su gabinete en la AFIP

La Justicia le sigue propinando golpes al exvicepresidente Amado Boudou. Ayer, el fiscal federal Jorge di Lello requirió elevar a juicio oral la causa que se sigue en su contra por la apropiación irregular del 70% de la imprenta Ciccone Calcográfica en el año 2010.

El exfuncionario K, que ha sido multidenunciado por diversos actos de corrupción, está imputado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, contemplando penas de hasta seis años de prisión.

La investigación judicial tendría probado que Boudou, a través de su socio comercial José María Núñez Carmona, habría adquirido por medio de la empresa The Old Fund, propiedad de Alejandro Vanderbroele, sindicado como testaferro del exnúmero dos de Cristina Kirchner, la empresa que por entonces era propiedad de la familia Ciccone.

La adquisición de la imprenta, que se encontraba en quiebra, “con fondos que se presume de origen ilícito” por Vandenbroele y su sociedad The Old Fund “tenía la intención de lograr la contratación con el Estado nacional para la producción de billetes de curso legal”, consignó el fiscal. Di Lello pidió que también sean juzgados Nicolás Tadeo Ciccone, uno de los dos hermanos dueños de la sociedad, y César Guido Forcieri, exjefe de gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía cuando se llevó a cabo la operación.

Connivencia al extremo

La complicidad del kirchnerismo en este caso fue muy grande, contando Boudou con la connivencia del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de todo el equipo de colaboradores del ente recaudador. Ambos personajes se conocen desde sus tiempos de estudiantes universitarios en Mar del Plata y de militantes en la Ucedé, durante los años 90. 

Desde el diario Hoy dimos a conocer en forma exclusiva, en marzo del año pasado, cómo la enemistad entre ellos se habría originado porque el extitular del organismo recaudador habría intentado quedarse con la “maquinita de hacer billetes”, hasta que el exvicepresidente le ganó de mano.

Tan es así que Di Lello pidió no solo la indagatoria de Echegaray y su exjefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, sino también las de Pablo Jorge Aguilera, exsubdirector General de Asuntos Jurídicos, y Angel Rubén Toninelli, exdirector de la DGI.

Para el fiscal interviniente en la causa, hay una “complicidad” muy clara del ente recaudador y de los entonces funcionarios del organismo con Boudou y compañía, al haberle otorgado a la firma una extensión extraordinaria de 12 años y con 128 cuotas, aplicando una irrisoria tasa de interés, para cancelar una millonaria deuda impositiva y sortear así el principal obstáculo que impedía que la misma vuelva a ser contratada por el Estado.

De acuerdo al pedido del fiscal, Echegaray y su grupo más cercano de ayudantes fueron partícipes directos de todo el entramado ilegal diseñado por Boudou y su socio Núñez Carmona, dejando hacer y pasar trámites desde el organismo recaudador que sin la cooperación interna no podrían haberse sucedido.

La medida dispuesta ayer por Di Lello complica aún más el delicado estado judicial del exvicepresidente, acorralado por múltiples denuncias de corrupción, vislumbrando un futuro tras las rejas para quien fue el exnúmero dos del país durante el último gobierno de Cristina Kirchner.

Kirchneristas, contra las cuerdas

Tanto Amado Boudou como Ricardo Echegaray son dos de los exfuncionarios kirchneristas que están siendo asolados por la Justicia por diversos hechos de corrupción ocurridos entre 2003 y 2015.

Además de la causa por la compra fraudulenta de Ciccone Calcográfica, el exvicepresidente es investigado por la cesión irregular de casas del Plan Federal de Viviendas cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda y Finanzas del Partido de la Costa, así como también por falsificación de documentos y estafa.

Además, Boudou está imputado por malversación de fondos cuando cumplió funciones como director de la Anses y por el destino millonario de dinero cuando ejerció la presidencia del Senado. Otras causas en su contra son la presunta recepción de dádivas y la compra ilegal de autos en el Ministerio de Economía.

Por su parte, Echegaray no solo deberá rendir cuentas por su participación en el caso Ciccone, sino que también se pide su indagatoria tras el escándalo por los subsidios a los feed lots a productores amigos, cuando estuvo al frente de la Oncca, donde además fue inculpado en la Justicia por el presunto cobro de coimas y desvío de dinero público.

La causa en la que más complicado se encuentra es la que investiga la emisión de facturas “truchas” a través de una usina en la ciudad de Bahía Blanca a empresas de construcción adjudicatarias de obras públicas, donde uno de sus principales clientes sería el empresario Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia Kirchner.

Más cómplices van al banquillo

No solo desde la AFIP habría tenido colaboración el exvicepresidente Amado Boudou para hacer toda una serie de descalabros en las diferentes posiciones de poder que supo ocupar durante la década K.

Para el fiscal Jorge di Lello, otro organismo que habría cooperado en el desaguisado de Ciccone habría sido la Casa de la Moneda, que comandaba Katya Daura, una excolaboradora y amiga de Boudou. Por este motivo pidió su indagatoria, así como también las de Juan Luis Biasin, gerente de Compras y Contrataciones, y Analía Istueta, quien al momento de los hechos era jefa del área de Importaciones del organismo público.

También el fiscal interviniente requirió en la causa varias indagatorias de exdirectivos de Ciccone Calcográfica, como Pablo Amato, Jorge Capirone, Máximo Lanusse, Sergio Gustavo Martínez, Juan Carlos López y Olga Ciccone, muchos de ellos ligados con distintos exfuncionarios kirchneristas.