Con el amparo oficial, se profundiza “la inflación encubierta”

Las compañías vienen “achicando” las cantidades de sus productos. Se reducen los gramos pero se mantienen o incrementan los precios. La Secretaría de Comercio aprueba la especulación empresarial

Pareciera ser que el Gobierno se tomó muy a pecho el viejo proverbio “lo bueno viene en frasco chico”. Tan es así que, en los últimos tiempos, con una espiral inflacionaria que no da tregua, varios productos de góndola han reducido sus envases y gramos sin bajar sus precios de comercialización.

Dicha especulación viendo siendo impulsada por las grandes compañías  con un total amparo del Secretario de Comercio Guillermo Moreno. En los últimos meses la tendencia fue en crecimiento alcanzando a la mayoría de los snacks y galletitas. Asimismo, un gran porcentaje de los  alfajores, mayonesas, aceites, productos de limpieza, entre otros (ver recuadro) viene sufriendo un recorte en sus cantidades.

“Es una inflación encubierta y  hace que se eleve el precio porque, por ejemplo, si tenes papas fritas a $10 que vienen en 300 gramos y al mes siguiente ves el mismo pack al mismo precio pero con menos gramos, se redujo la cantidad y se mantuvo el precio o subió”, indicó a Hoy Carolina Suárez, integrante del Centro de Educación al Consumidor (CEC). Además sostuvo que “esto viene pasando en los últimos cinco años”, y que antes “los productos venían entre 500 y 450 gramos”.

Tal mecanismo, que en principio fue implementado en las primeras marcas, en la actualidad empezó a acaparar a la mayoría de los productos que se venden en los supermercados, kioscos o almacenes de barrio.

La complicidad oficial
La ineficiencia e  impotencia del gobierno nacional para enfrentar el incremento generalizado de los precios de los comestibles también tiene correlato en la llamada “inflación encubierta”, debido a que la Secretaría de Comercio no ha sancionado a las empresas que aplican este tipo de aumentos.

 “Es un tema del que siempre se ha hablado. Hacer caso omiso es como de una forma no mirar o prestar atención de que hay un aumento y que existe. La Secretaría de Comercio  hace una confirmación de los productos, por lo que debería estar al tanto”, agregó Suarez.

De hecho, la legislación para controlar a dichos capitales existe, el problema reside en que no se aplican. Por ejemplo,  el artículo 4º de la ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor da amparo legal al reclamo de las asociaciones de consumidores, ya que expone que “quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos”.

Por último, la integrante del CEC aseguró que “no puede ser que todas las asociaciones de defensa de consumidores nos demos cuenta y ellos no”.

Intolerancia K: sancionan a otra asociación de defensa al consumidor

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, conducida por María Lucila "Pimpi" Colombo (foto), suspendió “preventivamente” a la Unión de Consumidores de la Argentina (UCA) del registro nacional de entidades de defensa de usuarios, por haber realizado una campaña contra la prohibición del Gobierno a los supermercados de publicitar en los medios mientras dure el congelamiento de precios. Según la Subsecretaría, se trata de una “campaña cuyo financiamiento no ha podido justificar la asociación”.

Claramente, se trata de otro intento de avasallar a entidades de usuarios que no comulgan con el modelo K. “Es la muestra de que estamos ante un Gobierno que no respeta el estado de derecho, y cualquier voz independiente que no cuadre con lo que pretenden escuchar la quieren silenciar. En esta estrategia es que nos suspenden preventivamente, como ya habían hecho con Consumidores Libres, del doctor Héctor Polino”, explicó a Hoy Fernando Blanco Muiño, titular de la UCA.

“Tenemos diez días hábiles para contestar la imputación administrativa. Nos tomaremos el tiempo para responder y también para avanzar en formular la denuncia penal correspondiente contra la Subsecretaria de Defensa al Consumidor porque manifiestamente hay un abuso de poder, toda vez que la decisión no encuadra en una figura legal”, señaló Muiño.

Además, el presidente de UCA destacó: “queda claro que hay una intención de perseguir a las organizaciones de consumidores que no se adaptan a lo que el Gobierno pretende que las asociaciones de consumidores hagan. Nosotros somos una entidad que tiene 17 años, estamos especializados en los diversos temas que tienen que ver con el derecho al consumidor, hemos acompañado las decisiones del Gobierno que creemos que son beneficiosas para los consumidores y hemos denunciado aquellas que son malas, y al Gobierno eso le molesta”.

“No vamos a dejar que un conjunto de vándalos, apoltronados en los sillones del poder, nos roben los 30 años de democracia construida entre todos los argentinos”, concluyó Muiño.