La oscura trama de encubrimiento en la Aduana
Mientras que un fiscal kirchnerista se jacta por hacer allanamientos en la causa carbón blanco, no se avanza en las conexiones que unen al titular de la Aduana -designado recientemente por Ricardo Echegaray- con la red de empresas que se habría utilizado para lavar dinero del narcotráfico
La semana pasada, con bombos y platillos, el fiscal kirchnerista Carlos Gonella, que responde a las órdenes de la procuradora Alejandra Gils Carbó, se ufanó públicamente de los “resultados positivos” que había arrojado una serie de allanamientos que se realizaron en la causa “Carbón Blanco”, en la que se investiga el tráfico de estupefacientes escondido en carbón vegetal y una red de empresas fantasmas para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Las maniobras también involucrarían grandes proyectos inmobiliarios, en el país y en el extranjero, y pases de jugadores de fútbol.
“Estamos conformes con el resultado del operativo, quizá uno de los más complejos que hemos llevamos a cabo hasta ahora", sostuvo el fiscal Gonella. Ahora bien, el delfín de Gils Carbó no dedicó una sola palabra respecto a la abogada que aparece rubricando varias de las empresas integradas por Carlos Alberto Salvatore, el principal acusado por esta causa de narcotráfico, que actualmente goza de prisión domiciliaria. Peor aún: los allanamientos ni siquiera habrían pasado cerca del estudio de la abogada en cuestión.
¿A qué se debe la protección? La letrada que aparece certificando las empresas de Salvatore se llama Ana Cristina Palesa y, tal como viene informando Hoy, también aparece rubricando empresas de las que forma parte el director de Aduanas, Guillermo Michel, mano derecha del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
A su vez, Palesa estampó su firma en las empresas L&L Mandatos y Negocios SRL y LW Logística y Carga, pertenecientes al ex pirata del asfalto Jorge Lambiris, un amigo íntimo de Echegaray que manejaría importantes negocios relacionados con depósitos fiscales. Además, según fuentes consultadas por nuestro diario, habría orquestado maniobras millonarias relacionadas con el contrabando de juguetes y sería el nexo de Echegaray con distintos bancos uruguayos que abría sido utilizados para blanquear dinero de dudoso origen.
Tal como lo viene informando Hoy, Michel habría llegado a la AFIP de la mano de Lambiris, a quien habría ayudado para intentar blanquear sus empresas. Recordemos que este empresario uruguayo, que fue condenado por piratería del asfalto en el año 2000, fue escrachado en Río Janeiro en momentos en que compartía sus vacaciones con Echegaray, con quien también habría viajado a Emiratos Arabes.
En la causa carbón blanco se encuentran imputados y procesados varios funcionarios y empleados de la Aduana, que habrían sido cómplices de la maniobra (ver página 6). Pero lejos de intentar transparentar el organismo, el pasado 6 de marzo Echegaray puso a Michel como titular de esa repartición, siendo un funcionario que debería estar en el banquillo de los acusados.
“La participación de Salvatore como autor de los delitos y cabeza máxima de la asociación ilícita está más que probado, en primer lugar, por las escuchas presentadas por la justicia de Portugal y España. En segundo lugar, por los múltiples mails y testimonios de los imputados”, señala en un informe la legisladora porteña Paula Oliveto, mano derecha de la diputada nacional Elisa Carrió. Este informe, al que tuvo acceso Hoy, fue presentado a la Justicia.
“El requerimiento presenta a Salvatore como la máxima jerarquía dentro de la organización. Su nombre encubierto era Manuel Carrascosa. Salvatore había tenido distintas reuniones en las que participaron Gorosito, Prodan y Di Renzo (otros involucrados en el escándalo) con el objetivo de planificar los envíos de cocaína, analizar las formas de burlar los controles aduaneros y proveer de identificaciones falsas a Di Renzo y a Prodan para que utilizaran en Europa. Era el coordinador de la logística, atribuía roles, distribuía tareas, administraba los contactos de personas que proveían drogas. Además, Salvatore era quien hacía llegar el dinero necesario para los gastos que insumía la planta de Quitilipi (donde se procesaba el carbón vegetal)”.
Según Oliveto, la embajada de Estados Unidos había remitido a la AFIP una nota que informaba que Salvatore estaba siendo investigado en ese país por el delito de lavado de dinero. Daba cuenta que era directivo de al menos seis empresas y que poseía al menos tres propiedades en el Estado de Florida, como así también había llevado a cabo viajes en forma frecuente a las islas Caimán y Curazao, que son considerados importantes paraísos fiscales. En conclusión, existen indicios de que los allanamientos de la semana pasada fueron una cortina de humo, una maniobra para tapar las responsabilidades políticas del narcotráfico en la Argentina que, durante la mal llamada década ganada, creció de forma permanente y sistemática.
Sociedades comerciales en la mira
Carlos Salvatore integra por lo menos una veintena de sociedades. La mayoría de ellas tiene como objeto la construcción y la actividad inmobiliaria. Otras tienen como objeto la actividad agropecuaria, la de agencia de noticias e, incluso, la edición y comercialización de imagen y sonido.
Muchas de las firmas comparten elementos en común. En general, Salvatore arriba a la sociedad como socio —junto a su mujer Silvia Susana Valles, que también está presa— o como director —o gerente— entre el 2004 al 2006. Algunas veces la sociedad es nueva, se constituye durante estos años; otras veces Salvatore ingresa a una sociedad ya constituida. De la misma manera, más adelante, durante el 2012 —año en que cae preso— Salvatore renuncia al directorio o gerencia en alguna asamblea celebrada supuestamente durante ese año, pero la publicación en el Boletín Oficial se concreta recién durante el 2014, dos años después.
Ahora bien, esta veintena de sociedades nos aproxima, entonces, al período durante el cual, según la causa en la que está procesado, habría lavado dinero producto del narcotráfico: entre el 2004 y el 2012.
Conexiones con la AFIP
Durante un operativo judicial, que se realizó antes de la designación del fiscal kirchnerista Carlos Gonella, se halló documentación sensible de la Aduana en uno de los domicilios del abogado detenido Carlos Salvatore
En uno de los allanamientos a las propiedades vinculadas a Carlos Salvatore, en un domicilio de la calle La Pampa 1517 de Capital Federal —donde funcionaba un estudio jurídico— se encontró documentación perteneciente a una constancia que emite un camión scanner utilizado por la Aduana de Buenos Aires en el control de cargas de los contenedores que llegan al puerto. Es decir, Salvatore tenía en su poder documentos que son de uso exclusivo de los funcionarios aduaneros que tienen la tarea de velar, justamente, por el control de las mercaderías que salen del país.
Además, la computadora personal de Salvatore tenía un archivo de Word en el que hace referencia a reuniones en Rosario con colombianos en el que habría participado un tal “Goro” (por Gorosito, ver más arriba...). Se les habría ofrecido transportar 300 kg de cocaína a España a cambio de U$S 1.000.000.
También quedó acreditado que Salvatore ha mantenido un denso flujo de capitales, al menos entre España, Argentina y Estado Unidos. Por ejemplo, en septiembre de 2011, un banco de Andorra había rechazado el depósito en efectivo de 700.000 euros en billetes de 50 y 20 que pertenecían a Salvatore. Los correos electrónicos peritados dan cuenta de la discusión en torno a la dificultad de justificar e introducir en el sistema bancario de la Unión Europea de 1.100.000 euros.
En qué consiste la causa Carbón Blanco
La investigación en la causa carbón Blanco fue iniciada por la Policía de Portugal a partir de un primer hallazgo de 6,6 kg de cocaína ocultos en bolsas de carbón en las instalaciones de la empresa “Carbo Félix”, ubicada en Torres Vedra, Portugal. Luego se encontraron otros paquetes y varios embarques con estupefacientes que no llegaron a destino. En total, se decomisaron más de 1051 kilos de cocaína.
El carbón pertenecía a la empresa “Relaxconcept Lda”, una sociedad constituida en Portugal unos meses antes por miembros de la organización para importar y vender el carbón que la misma organización exportó desde la Argentina. El titular de la empresa, Adrien Vasile Dragos, de nacionalidad rumana, explicó a la policía que la constitución de la sociedad se debió al expreso pedido de un supuesto ciudadano uruguayo llamado Fernando Ángel Losano Fernández, que le había sido presentado por Pablo César Roig. En realidad el “uruguayo” tenía documento falso: su verdadera identidad es Leonardo Hugo Prodan, y es argentino. Prodan le pidió a Vasile Dragos que comprara el carbón a la firma “Carbrica carbones y maderas Lda”.
El 3 de noviembre de 2011 llegaron tres contenedores con carbón y cocaína al puerto de Lisboa (terminal de Sotagus), sin que esta maniobra ilícita fuese detectada por las autoridades aduaneras. El despacho había sido efectuado por la empresa “Carbrica”. Y los contenedores fueron trasladados hasta un depósito de “Carbo Felix” en la zona industrial de Ameal, en donde se descargaron las bolsas de carbón en presencia de Dragos y Prodan.
La policía de Portugal determinó que se encontraba frente a una organización criminal con ramificaciones en Argentina, Portugal y España, por lo que inició la investigación. Se le tomó declaración a Dragos y a Prodan. Pero no fueron detenidos: en libertad podrían ver sus movimientos y cruzar las escuchas para dar con los principales responsables de esta asociación ilícita. Tuvieron éxito ya que, a partir de Prodan, pudieron dar con otros responsables de la red narco como Rolando Andrés Di Renzo y Patricio Daniel Gorosito, quien se encontraba en España.
El 1º de marzo de 2012 llegaron al aeropuerto de Lisboa dos argentinos más: Matías Hernán Franchetti y Miguel Hugo Moreno, quienes también estaban relacionados con la importación de carbón. Tenían la tarea asignada de seleccionar las bolsas con cocaína y colaborar con la entrega. Los cuatro se dirigieron a España para reunirse con Gorosito: estaban esperando la llegada de otros contenedores.
El 7 de marzo de 2012, burlándose por segunda vez de las autoridades argentinas, llegaron los contenedores a la terminal Sotagus y fueron transportadas por la firma Arlize hasta el galpón que los imputados habían alquilado en la zona de Cabanas do Chao. Allí se encontraron los cuatro argentinos: Prodan, Di Renzo, Franchetti y Moreno para descargar las bolsas. Al día siguiente volvieron al galpón. Al momento de emprender su retirada fueron interceptados por la Policía de Portugal, quienes hallaron en el automóvil veintiséis paquetes de cocaína, en total 172,8 kg. En el galpón encontraron otros 187,3 kg más.
Luego del procedimiento y ya en las instalaciones de la Policía comenzó a sonar el celular de Prodan. El identificador indicaba a un tal “Gualter”. Era, según Prodan, el sujeto a quien le debía entregar la cocaína. Quedaron en encontrarse en el puerto y la Policía detuvo, así, al último argentino: Alan Digby Foster.
Los imputados contaron que se llevaron a cabo algunas exportaciones de carbón de prueba a principios de 2011. El carbón fue descargado en el galpón alquilado en Torres Vedras por la sociedad constituida por Pablo Roig, “Oceánica Distribuciones”, que se mantenía en contacto por mail con Salvatore y Gorosito, pero que decidió abandonar sus funciones en la organización. Lo reemplazó el rumano Dragos, quien constituyó la sociedad “Relax Concept”.
El proceso penal en la Argentina fue iniciado el 13 de marzo de 2012 luego de que la Dirección General de Aduanas, que siempre fue cómplice por acción u omisión, no tuviera otra opción que denunciar al tomar conocimiento de que cinco días antes las Policías de España y Portugal habían secuestrado aproximadamente 400 kilos de cocaína. Se logró establecer que el origen del cargamento fue, entonces, una planta industrial ubicada en la localidad chaqueña de Quitilipi. La empresa exportadora era “Carbón Vegetal del litoral S.R.L”. La carga fue colocada en contenedores y se trasladó en camiones desde Quitilipi hasta Buenos Aires. La droga salió de la aduana de Barranqueras, Chaco, con destino a Lisboa. En consecuencia, habría habido complicidades tanto en la aduana de Barranqueras, como en el puerto de Buenos Aires, como consta en el procesamiento de los agentes aduaneros.
Sospechoso permiso de la AFIP
Para poder consolidar la carga en sus propias instalaciones, Carbón Vegetal del Litoral había conseguido un permiso de la AFIP-Aduana que se debería otorgar a las empresas que cumplen con determinados protocolos de seguridad:
-Cámaras de video (al menos, tres fijas y una domo) que graben el proceso de carga en los contenedores;
-Tener conexión de Internet para registrar el cargamento a través del sistema María -un software utilizado para la trazabilidad o seguimiento de la mercadería, reemplazado por el más moderno sistema Malvina.
-La presencia de funcionarios públicos de la Aduana (un guarda y un verificador), acompañados en ocasiones por perros adiestrados.
La segunda fase de control debía concretarse en el puerto de salida mediante el paso de los contenedores por un escáner que analiza el contenido de las denominadas "destinaciones", nombre ligado a un código alfanumérico utilizado para los cargamentos en las operaciones de exportación e importación.
Por su actuación como verificadores en la planta de Quitilipi, la jueza federal Zunilda Niremperger dictó el procesamiento de los agentes aduaneros Miguel Francisco Albrizio y Guillermo Argañaráz. La jueza consideró probado que los dos funcionarios realizaron su tarea "sin suministro de energía eléctrica, con fallas y cortes del mismo durante el proceso de consolidación" y por eso los calificó como "negligentes en el cumplimiento de sus funciones". Para la magistrada, de esa forma se posibilitaron los "actos de contrabando, por cuanto no se documentaba fílmicamente la totalidad del proceso de consolidación como expresamente lo indica la normativa vigente".
La jueza individualizó y procesó a otros tres funcionarios aduaneros que fallaron en sus trabajos de contralor en el Puerto de Buenos Aires. Se trata de Marcelo Musladino, quien actuó en el rol de "gate (puerta) de entrada", y Fabián Foresi y Alfredo Di Nallo, responsables de la "puesta a bordo", sindicados por no haber realizado el debido control de algunos contenedores.
El juzgado determinó que Carbón Vegetal había presentado otras dos destinaciones de exportación durante el 2012, las cuales aún no habían llegado a su destino.
