El mapa de la corrupción de la AFIP
El reciclaje de la corrupción
En el escándalo por la ex Ciccone intervinieron funcionarios que acompañan a Echegaray desde su paso en la ex ONCCA, organismo que fue disuelto por los escándalos de corrupción
El escándalo por la compra de la ex Ciccone Calcográfica, que la semana pasada derivó en la confirmación del procesamiento de Amado Boudou, también puso de manifiesto la estructura oscura y corrupta que existe en la AFIP. El organismo que conduce Ricardo Echegaray jugó un papel preponderante para que el affaire pudiera concretarse al haber concedido un inédito plan de pagos a 12 años –con una irrisoria tasa de interés- para que los presuntos testaferros del vicepresidente pudieran levantar la quiebra de la compañía.
En definitiva, lo que ahora está saliendo a la luz no hace más que confirmar la podredumbre reinante en el organismo recaudador, algo que viene siendo alertado por el diario Hoy de forma permanente y sistemática desde hace dos años, lo que le ha válido tanto a la empresa editora como a su directora una inédita persecución judicial e impositiva (ver Buscan hacer desaparecer al diario Hoy). En rigor, para entender la lógica de funcionamiento de la AFIP es necesario explicar la fisonomía de la bandas, con característica de organizaciones mafiosas, que confluyen en la conducción del organismo recaudador. Los bandos parecen estar bien definidos: por un lado se encuentran los funcionarios que acompañan a Echegaray desde su paso por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y por el otro están los llamados liceístas, es decir, compañeros que tuvo el actual titular de la AFIP durante su paso por el Liceo Naval de Ensenada. Ambos sectores, si bien mantienen una pelea subterránea, estarían vinculados con negocios millonarios.
La ONCCA es un organismo que tuvo que ser disuelto por el gobierno a raíz de los escándalos de corrupción que habría tenido lugar en su seno. Fernando Villaverde es uno de los funcionarios que acompañó a Echegaray en esa oficina de control comercial y cumplió en la AFIP hasta noviembre del año pasado. Villaverde, que es oriundo de Mar del Plata al igual que Boudou, es quien habría gestionado el plan de pagos para la ex Ciccone con el amigo y principal socio del vicepresidente, Alejandro Nuñez Carmona, otro marplatense procesado en el affaire. Ellos no actuaron solos: el ingeniero de la maniobra habría sido Rafael Resnick Brenner, quien era jefe de asesores de Echegaray y que también está procesado en la causa. Tras estallar el escándalo, Resnick fue designado titular del regional Salta de AFIP, cargo que desempeña hasta el día de hoy y que le permite una vida cargada de lujos al punto que vivió durante tres años en un hotel cinco estrellas. Semejante beneficio sólo se justificaría en la necesidad de que Resnick Brenner no prenda el ventilador.
Otro ex ONCCA es Luis Capellano, actual secretario de Ingresos públicos de la Nación y ex subsecretario de Planificación del organismo recaudador. Cuando estuvo en la AFIP, quedó involucrado en maniobras oscuras con el manejo de la millonaria pauta publicitaria que tiene asignada el organismo recaudador. En su paso por la ONCCA, donde fue Jefe de la Oficina de Chacabuco, productores rurales lo denunciaron por haber montado una estructura paralela que funcionaba en su estudio jurídico y desde donde se gestionaban pagos de subsidios, quedándose con importantes comisiones que oscilaban entre el 10 y el 15 por ciento. Actualmente, es tal la cercanía que tiene con Echegaray, que lo acompaña en casi todos los viajes que hace al exterior.
Capellano desembarcó en la AFIP y posteriormente en el Ministerio de Economía de la mano de su socio y amigo Pablo Aguilera, otro ex funcionario de la ONCCA que actualmente cumple funciones en el organismo recaudador: es nada más y nada menos que Subdirector de Legal y Técnica de la Dirección General Impositiva (DGI). Aguilera –hijo del abogado Jorge Aguilera, mencionado en los Juicios de la Verdad por comandar un grupo de choque que habría asesinado a judíos y estudiantes universitarios en 1975- y Capellano habrían compartido el negocio del cobro de comisiones por el pago de subsidios a feet lots, tarea de la que se habría servido de hasta vehículos oficiales. De forma muy sospechosa, Echegaray fue sobreseído de la causa judicial por las irregularidades en la ONCCA. Pero el proceso no estaría cerrado: en la causa, que tramita en el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Ramos, y que fue impulsada por la fiscalía federal Nro. 7, todavía hay procesados. Y también se estarían investigando distintos hechos acaecidos en Mar del Plata relacionados con subsidios millonarios a changarines.
Pese al escándalo de la ONCCA, Capellano no habría perdido las mañas. Actualmente, a cambio de jugosas comisiones, se dedicaría a acelerar trámites contemplados en el artículo 32 de la ley de Procedimientos Fiscales y también le daría protección a empresas que solicitarían sus servicios. El artículo 32 habilita a la AFIP a conceder facilidades para el pago de los tributos, intereses y multas, incluso en casos particulares a favor de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones. Según fuentes consultadas por Hoy, los fines de semana se suele ver a Capellano jugando al golf en el country Los Lagartos, lugar donde captaría clientes adinerados. También sería un habitué del restaurant Rond Point, donde suele mantener reuniones de carácter reservado relacionadas con sus negocios. Una de las empresas que habría contado con los servicios de Capellano, según nuestras fuentes, es Via Bariloche en una transacción que rondó los 4 millones de pesos.
Otros ex ONCAA
Emilio Roberto Eyras, quien fue el segundo de Echegaray en la ONCCA y los reemplazó cuando fue designado titular de la AFIP, también estuvo involucrado en el escándalo judicial de los subsidios a los feed lot.
Luego de la disolución de la ONCAA, Eyras encontró refugio en el organismo recaudador y este año fue designado como Jefe Interino del Departamento Riesgos, Planificación y Control de la Subdirección General de Auditoría Interna de la AFIP. Antes de pasar a cumplir esta gestión, se desempeñó como consejero técnico de Auditoría, Administración y Recursos humanos en la Dirección de Planeamiento y Análisis de Gestión.
José María Conte, que actualmente ocupa la subdirección de Administración Financiera de la AFIP, es otro de los funcionarios que cumplió órdenes de Echegaray en la ONCAA.
El rol de Aguilera
Las fuentes consultadas por Hoy afirman que Pablo Aguilera cumple un rol clave en la estructura corrupta de la AFIP al punto que sería uno de los principales cajeros de Echegaray. Cuando existía la ONCCA, era el jefe de asesores de Echegaray y era el encargado de poner a los coordinadores en el interior del país, que actuaban como agentes recaudadores de las comisiones que se cobraban por el pago de subsidios de feed lots. Cuando Echegaray asumió en la AFIP, nombró a Aguilera primero como Subdirector de Asuntos Jurídicos y luego como Subdirector de Técnico Legal de la Dirección General Impositiva (DGI).
Acompañando a Echegaray, el patrimonio de Aguilera habría crecido exponencialmente al punto que, según fuentes consultadas por Hoy, sería dueño de varios departamentos en Miami.
Actualmente, en la AFIP, sería el encargado de manejar y cobrar las consultas vinculantes que hacen los contribuyentes para que la DGI determine si están alcanzados por determinados impuestos y dar la interpretación jurídica al respecto.
Al igual que hacía en la ONCCA, habría sido el encargado de nombrar a varios funcionarios de segunda y tercera en la AFIP. Por ejemplo, habría hecho designar a Sebastián Durruty que fue director regional del organismo recaudador en Mar del Plata y actualmente desempeña el mismo cargo en Tucumán. Durruty estaría relacionado con otro negocio millonario relacionado con el pago de devoluciones de exportaciones.
Además, durante su paso por La Feliz, estuvo sindicado por haber desarticulado una investigación que había hecho la regional de Bahía Blanca del organismo recaudador relacionada con una usina dedicada a la emisión de facturas falsas para repartir entre 200 empresas de, entre otros, Cristóbal López y Lázaro Báez.
Según trascendió, cuando los sabuesos del sur bonaerense comenzaron a realizar esa investigación, Echegaray decidió disolver la regional bahiense, que pasó a depender de Mar del Plata. En este caso está involucrado Juan Suris, el novio de la pulposa vedette Mónica Farro, que está preso por otra causa mucho más pesada: fue denunciado como supuesto jefe de una red de narcotráfico. También está acusado por presunto lavado de activos y tráfico de personas.
Liceístas: una sociedad secreta
Este grupo de funcionarios de la AFIP están liderados por compañeros que tuvo Echegaray en el Liceo Naval de Ensenada. Vínculos con represores, sociedades fantasmas y hasta con un frigorífico que terminó en quiebra
A diferencia de lo ocurrido durante su paso por la Aduana y por la ONCCA, Ricardo Echegaray decidió rodearse en la AFIP de distintos compañeros que tuvo durante su época de estudiante en el Liceo Naval “Almirante Guillerm Brown” de Ensenada. Pero, en lugar de hace honor al prócer de la Independencia que le dio el nombre a la institución educativa que los formó, los llamados “liceístas” han optado por emprender el camino de los negocios oscuros.
Uno de los principales referentes de este grupo, que actúa como si fuese una sociedad secreta, es el abogado Sergio Raúl Vargas. Tal como la ha informado Hoy en una investigación publicada el 17 de noviembre del año pasado, es un abogado especializado en derecho penal de la Universidad Austral, ligado al Opus Dei y a distintos represores de la última dictadura. A diferencia de Echegaray, decidió hacer carrera en la Armada y llegó hasta capitán de corbeta. Debido a su condición de abogado y por sus contactos en la Justicia Federal, fue asesor directo de varios almirantes de oscuros antecedentes. Durante años fue una suerte de “intocable” dentro de la Armada y parte integrante del equipo jurídico para defender a represores acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Ello motivó que la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, le pidiera la renuncia. No tardó en encontrar amparo con su amigo Echegaray, de quien hoy es su principal operador en los tribunales al punto de que, según informaron distintas fuentes consultadas por Hoy, habría sido el encargado de negociar con el juez Ariel Lijo para evitar que incluyera a su jefe en el acta de procesamiento por el escándalo de la ex Ciccone. El armado que tejió Vargas ahora tambalea. Uno de los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de Boudou le exigió a Lijo, en su fallo, que Echegaray sea llamado a declaración indagatoria. De concretarse esta medida, el titular de la AFIP quedaría al borde del procesamiento y del juicio oral. Evidentemente, el final de ciclo K le genera muchos problemas al capitán de corbeta que solía jactarse de sus contactos con algunos jueces y fiscales logrados gracias a los intereses económicos que representaba. Habría sido abogado de empresas fashion como Louis Vuitton, Chanel, La Martina, Dior y Givenchy.
Vargas mantiene una estrecha relación comercial con Guillermo Jorge Fabián Cabezas Fernández, otro egresado del Liceo Naval (nacido y criado en Berisso) que es licenciado en sistemas. Tal como informó Hoy el año pasado, Vargas y Cabezas Fernández fundaron la empresa hotelera Aonikenk Apart SA, con sede en la calle Basavilvaso 287 Piso C de la ciudad de Neuquén. Hay claros indicios de que Aonikenk sería una empresa fantasma. En el lugar hay un edificio de departamentos y, a fines del año pasado, los vecinos que allí viven dijeron a Hoy que nunca sintieron hablar de que en el inmueble funcionara una empresa turística. Tampoco conocen a Cabezas Fernández ni a Vargas. Por eso, luego de que nuestro diario diera cuenta de esta situación, Echegaray se vio obligado a firmar una resolución donde prohíbe a funcionarios de la AFIP tener empresas y da un plazo de tiempo para que se desprendan de las sociedades comerciales de las que estén formando parte.
Otros funcionarios vinculados a los liceístas son Manuel Terrizzano, actual subdirector de Atención al Contribuyente, y Ricardo José Marino, subdirector general de Planificación. Este último tampoco tiene los mejores antecedentes. Concretamente, integró el directorio del Frigorífico Buenos Aires, una empresa que habría sido vaciada y que terminó quiebra, siendo recuperada por sus trabajadores. A raíz de este antecedente, en el año 2010, el Banco Central emitió una circular que obliga a los bancos y casas de cambio no realizar operaciones de cambio, sin previa autorización del BCRA.
Michel: el espía de Echegaray
Uno de los funcionarios que trabaja codo a codo con los liceístas es Guillermo Michel (especialmente con Cabezas Fernández), actual subdirector de Relaciones Técnico-Institucionales. Michel ya ha formado parte de las investigaciones realizadas por Hoy y por eso, para evitar que sigamos profundizando las pesquisas, presentó una demanda contra la directora de nuestro diario, exigiendo un “resarcimiento” de un millón de pesos.
El apriete de poco le sirvió. De hecho hay mucho más por contar. Por ejemplo, Michel sería el principal nexo entre Echegaray y Lambiris, el empresario uruguayo que fue condenado por contrabando y que acompañó al titular de la AFIP en sus vacaciones por Río Janeiro. De hecho, Michel habría llegado a ocupar la función que desempeña actualmente a partir los “buenos oficios” que oportunamente hizo Lambiris (ver página 7).
Michel cumple tareas que le resultan muy útiles a Echegaray: sería el guardián de las claves de acceso a los sistemas informáticos que utiliza la AFIP, siendo el encargado de espiar a sus colegas en el organismo y de dirigir las acciones contra los enemigos de Echegaray. Por ejemplo, es quien habría diseñado la escandalosa inspección que se le hizo al grupo Clarín. En rigor, Michel es quien centraliza toda la información, encargándose muchas veces de hacer el trabajo sucio. Por eso le asignaron una tarea por demás sensible como es ser la "autoridad de aplicación" del proceso expropiatorio de los bienes de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica).
En Gualeguaychú, su ciudad natal y donde sigue viviendo, comentan que la mano derecha del titular de la AFIP tendría contactos con los servicios de inteligencia, la ex Side. Mantiene un marcado bajo perfil y evita exponerse en público. Llega a tal punto su obsesión de actuar en las sombras, que convirtió la propiedad en la que vive –ubicada en la calle Primera Junta y Perito Moreno- en una suerte búnker, construyendo un muro perimetral de más de dos metros de alto, con cámaras de seguridad que se observan a simple vista. En el predio, que ocupa casi media manzana, también viviría su familia, cuyos nombres aparecen en distintas sociedades comerciales en las que interviene Michel. Tal como publicó Hoy, durante el periodo 2003-2010, el brazo ejecutor de Echegaray formó parte en la conformación de una veintena de sociedades comerciales de distintos rubros: desde comercialización de combustibles, pasando por constructoras, transporte de cargas, comercialización de productos fotográficos, operaciones de títulos públicos y privados, administración de negocios financieros, negocios marítimos y hasta cultivos de uva para producir vinos en Mendoza. Muchas de estas empresas serían sociedades fantasmas. Una de las compañías de la que formó parte Michel es Baco Inversores, una constructora en la que tuvo como socio a su padrino político, que también es oriundo de Gualeguaychú: el exvicegobernador de Entre Ríos y actual senador nacional, el ultrakirchnerista Pedro Guillermo Angel Guastavino (alias Pemo), quien ya lanzó su candidatura a gobernador para reemplazar a Urribarri. Actualmente, Arturo Alejandro Michel y Ianina Michel, padre y hermana del subdirector de la AFIP, aparecen como responsables de dicha empresa. Asimismo, en la ciudad entrerriana no son pocos los que afirman que el crecimiento patrimonial de Michel se registró durante la mal llamada década ganada.
El oscuro detrás de escena de una denuncia al HSBC
El banco está en la mira de la AFIP por la fuga de dólares del país. La verdadera razón de esta persecución, sería que la entidad bancaria le habría hecho perder un enorme negocio a Ricardo Echegaray y Guillermo Michel en el Uruguay
En las últimas horas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), le solicitó a María Verónica Straccia, jueza penal tributaria, la captura internacional del contador Miguel Abadi, en el marco de la investigación de cuentas "ocultas" de los clientes argentinos del banco HSBC, en Suiza.
El relato oficial habla de que esto viene enmarcado dentro de una gran “lucha” que viene dando el oficialismo contra los buitres que quieren llevar “el país al ocaso”. La realidad marca que todo esto estaría encuadrado dentro de una venganza personal ejecutada por Ricardo Echegaray y su hombre fuerte dentro de la AFIP, el entrerriano Guillermo Michel.
Según cuentan fuentes cercanas al organismo público, todo habría empezado cuando Echegaray y Michel montaron un fideicomiso en Uruguay, con el cual se habría comenzado a levantar un edificio en el populoso barrio montevideano de Pocitos. Para todo esto sería muy valiosa la ayuda que habría prestado una de las amistades del hombre fuerte del organismo recaudador, Jorge “El uruguayo” Lambiris.
Dicen quienes conocen bien el caso, que todo se habría comenzado a hacer a través de un crédito librado por el HSBC en el país vecino, y en cuyo tarea estaba también la construcción de un hotel todo terreno. Pero el banco tardó en dar el crédito, por lo que el fideicomiso se vino abajo junto con todos los emprendimientos que habían planeado realizar en tierras montevideanas.
Venganza K
La tardanza en dar el crédito, acabó con las esperanzas de Echegaray y Michel de efectuar negocios con cuantiosas ganancias en Uruguay. Quienes recorren a diario la AFIP, dicen que esto habría dejado muy malhumorados a los funcionarios públicos, que planearon iniciar una investigación contra el HSBC por supuesto manejo de fondos irregulares.
Lambiris, una de los amigos más íntimos del titular del organismo público, sería vital por haber sido el supuesto autor de la creación de innumerables cantidad de cuentas y empresas en el país vecino, las cuáles se usaban para operar “legalmente” en dicho territorio, y que habrían servido para lavar dinero sucio.
No resulta casual que la mayoría de las acciones de la AFIP contra las empresas en las cuales Lambiris figura como socio, hayan pasado por las manos de Michel y éste nunca les habría encontrado ninguna clase de irregularidades, algo que en Uruguay sí pasó y con creces.
Si hay un diario que a lo largo de los últimos 20 años más ha denunciado el negociado de los bancos con los sucesivos gobiernos, ha sido el Diario Hoy, por lo cual nada más alejado de la realidad decir que este matutino persigue una defensa del HSBC o de sus autoridades, pero el rigor profesional obliga a plantear esta acción oscura que se esconde detrás del pedido de captura internacional de Miguel Abadi.
De allí radica la importancia de señalar que tanto Echegaray como Michel habrían actuado en una especie de autoprotección, es decir, se blinda de armamento semilegal a las empresas que regentea Lambiris y para las cuales ellos también actuarían como socios para el emprendimientos de grandes negocios en tierra oriental.
Un sombrío entramado que muestra cómo funcionarios públicos se apropian de funciones que no le son propias y trabajan para beneficio personal, montando negocios a espaldas de la población y tejiendo una red de intereses paralelos que los llevan a actuar por fuera de la Justicia y usando sus cargos para ejercer una especie de venganza personal contra aquellos que fueron hostiles contra sus acciones en algún momento.
Garantía de la tenebrosidad
La red de negocios que habrían montado Echegaray y Michel en el Uruguay no es algo que comprometería sólo a las cabezas máximas de la AFIP, sino también a otros personajes menores. Tal es el caso de Víctor Cingolani, jefe de investigaciones de la regional Palermo del organismo recaudador, que cumpliría un rol central en la articulación de una red de procedimientos de autoprotección dentro de la AFIP para salvaguardar los intereses de las empresas vinculadas a Lambiris.
Lambiris, el tercero en discordia
Jorge “El uruguayo” Lambiris, es una de las personas más cercanas a Ricardo Echegaray, y del cual se habría valido el mandamás de la AFIP para armar toda una red de negocios por fuera de la administración pública.
Lambirirs ya tiene un oscuro prontuario dentro de la Justicia nacional, ya que en el año 2000 fue imputado en una causa de piratas del asfalto, por la estuvo detenido un mes y medio, luego de haber sido acusado de ser uno de los encargados de hacer las “reducciones” de la banda.
Pero la fama mediática le llegaría luego de que golpeara fuertemente a un equipo del canal de cable TN en el Brasil, cuando los periodistas seguían al titular de la AFIP en unas vacaciones de lujo que se había tomado en tierras cariocas.
En otra causa que se le sigue, el año pasado la Corte Suprema ratificó una probation contra el empresario aduanero, acusado de fraguar una importación proveniente de Uruguay en el año 2000 en la que se declaró que la mercadería se trataba de cerámicos cuando en realidad eran zapatos.
Además, su hermana, Claudia Lambiris, fue acusada por el diputado nacional por la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, por supuesto lavado de dinero por la compra en efectivo de un terreno por un millón de dólares realizada en Uruguay, en una operación pasible de ser informada en los términos de la normativa sobre lavado de activos.
De amigos, esposas y testaferros
Una de las particulares de los negocios vinculados a funcionarios de la AFIP es el rol que cumplirían sus esposas. Por tantos años de trabajo junto a Ricardo Echegaray, tanto Luis María Capellano como Pablo Aguilera, secretario de Ingresos Públicos de la Nación y subdirector general Técnico de Legal Impositiva de la AFIP, se han metido en la familia del clan Echegaray. Según fuentes consultadas por Hoy, serían quienes se encargan de hacer la ingeniería en varias empresas que estarían radicadas en el exterior.
La fuentes hablan que, a fines del año pasado, Aguilera viajó a Paris junto a su mujer Verónica Elizabeth Zonino, que actuaría como testaferro de su marido en el exterior, para cerrar una importante operación inmobiliaria. Su situación patrimonial habría crecido exponencialmente en los últimos años ya que llamativamente pasó de tener un departamento de 88 metros cuadrados a otro de 188 metros cuadrados, en la mejor zona de Recoleta, en el pulmón más caro de Capital Federal.
Ana Maria Barquero, la esposa de Capellano, también actuaría como una suerte de prestanombre. Barquero es una monotributista categoría B y recién en 2014 -con 56 años de edad- declaró como actividad principal en la AFIP la de prestar servicios inmobiliarios.
Un dato por demás llamativo es que tanto Barquero, Zonino y la esposa de Echegaray, Silvana Karina Oviedo, habrían coincidido en Miami el año pasado. Aparentemente, tendrían interés en la inversión de un departamento de lujo en Sunny Isles, con la arquitectura de Cesar Pelli. El inmueble en cuestión estaría ubicado en la Torre Armani, donde los departamentos más económicos están valuados en más de 1,3 millones de dólares.