Un pirata en la Aduana: Echegaray ascendió a su socio
Ayer nombró en esa repartición a Guillermo Michel, un funcionario de la AFIP sospechado de conformar empresas fantasmas, con la participación de una abogada estrechamente vinculada con un narcotraficante. También tendría relación con la ex SIDE y con un ex pirata del asfalto socio de Echegaray
El polémico y sospechado titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ayer retomó el control de la Aduana tras la salida de Carlos Sánchez, que reportaba al ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Fiel a su estilo, Echegaray no tuvo mejor idea que poner en ese lugar estratégico a su alter ego: Guillermo Michel, un funcionario acusado de poner en práctica gran parte de los aprietes del organismo recaudador que en los últimos años se realizaron contra jueces, políticos y medios de comunicación que cuestionan al kirchnerismo.
Michel, hasta ayer, se desempeñó como subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP. Es un funcionario que se jacta de ser un especialista en paraísos fiscales y en la conformación de empresas, habiendo intervenido en la creación de numerosas sociedades comerciales que serían cáscaras vacías que podrían servir como plataforma para lavar dinero. También tendría vínculos con la ex SIDE, tal como denunció la diputada Elisa Carrió durante la sesión en la que se votó la nueva Ley de Inteligencia.
Eso no es lo más grave. El lunes pasado, el diario Hoy dio a conocer los estrechos vínculos de Michel con Jorge Lambiris, un uruguayo amigo y socio de Echegaray que hace 15 años estuvo preso por piratería del asfalto y que actualmente se dedicaría a gestionar depósitos fiscales a través de testaferros. Nuestro diario tuvo acceso a registros de sociedades comerciales que echan luz sobre la relación. Por ejemplo, de la documentación analizada se desprende que la escribana Sara Celia Hurovich y la abogada Ana Cristina Palesa figuran en la conformación de las empresas L&L Mandatos y Negocios SRL y LW Logística y Carga SA que tienen a Lambiris como titular, y al mismo tiempo también intervienen en varias sociedades comerciales de Michel. A saber: AGE SA, Rapp Collins Worldwide SA, Panza Verde SA, Comercializadora de Combustibles del Litoral SA, Sandebus Inversiones SA, Riga Transporte SA, NP Fotografía, WM Zurich, La Barranca de Gualeguaychú SA, CAF Jauser SA, PNA SA, Inspire Group SA y Flechas de Los Andes SA. También intervienen en Baco Inversiones SA, una sociedad comercial que hasta el año 2010 tuvo como socios a Michel y al actual senador kirchnerista Pedro Guastavino, que es oriundo de Gualeguaychú al igual que el flamante titular de la Aduana.
A través de Michel y Lambiris, Echegaray habría intentado realizar una inversión de más de 1,5 millones de dólares en Pocitos, el populoso barrio de Montevideo. La operación se iba a realizar mediante un fideicomiso y con un préstamo del banco HSBC, que finalmente se frenó y habría sido el motivo por el cual, de buenas a primeras, el titular de la AFIP decidió pedir la captura de un contador acusado de administrar cuentas en la filial suiza del mencionado banco. La solicitud fue desestimada por la Justicia.
El accionar de la abogada Palesa también nos conduce a una red de empresas vinculadas con el narcotráfico. Concretamente, la letrada puso la firma en numerosas compañías integradas por Carlos Alberto Salvatore, otro abogado que actualmente se encuentra preso en el penal de Ezeiza en el marco de la causa “Carbón Blanco”. Está acusado por el contrabando de grandes cantidades de cocaína a Portugal, escondida en carbón vegetal. Las empresas de Salvatore, rubricadas por Palesa, son: Katrine SA, Sacasi SA, KA&SO SA, LC Producciones SRL, CS Entertainment SRL, Lugin SRL, Libres del Sud 2079 SA, NS Administraciones SA, Anisa SRL, Gral Paunero 2256 SA, Milenio Bienes Raíces, Pure Visión SA, Automotores Los Alpes SA, Saint Maxime SRL, Aristóbulo del Valle 2480 SA, Milenio Motors SA, Maipú 250 SA y Manos Digitales Animation Studio SA.
Cabe recordar que, en varias oportunidades, la Aduana fue objeto de numerosas denuncias por no ejercer controles para ponerle un freno al tráfico de estupefacientes. Por ejemplo, el año pasado, un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso de manifiesto que las dependencias aduaneras de Santiago del Estero y de General Dehesa “no cuentan con scanners asignados de manera permanente para las tareas de control”. En la sede de Santiago se registra la situación más preocupante porque allí se opera con grandes cantidades de carbón vegetal, un material considerado de alto riesgo para las operaciones de narcotráfico ya que sirve para esconder las drogas y evitar que sea detectada por los perros. Además, según la AGN, los "canes antidrogas" en esas aduanas son insuficientes y están por ser retirados.
Por otra parte, el cuestionado Daniel Santanna seguirá siendo subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Santanna estuvo salpicado por varios escándalos de narcotráfico (ver página 5) y hasta llegó a estar imputado judicialmente bajo el delito de omisión de control. En definitiva, con la llegada de Michel a la Aduana, esa repartición quedará en manos de verdaderos piratas.
Impunidad K
A Michel se le atribuye tener buena relación con La Cámpora, la agrupación de militantes rentados que responde a Máximo Kirchner, el hijo de la presidenta que se encuentra seriamente comprometido al no poder justificar la forma exponencial en que su familia aumentó su patrimonio –en más del 1000%- durante la llamada “década ganada”.
Máximo sería el responsable de la sociedad Hotesur, que administra dos hoteles cuyas habitaciones habrían sido alquiladas, de forma muy sospechosa, al empresario Lázaro Báez, sindicado como presunto testaferro de la familia presidencial. A su vez, otro que aparecería involucrado en estas triangulaciones es el empresario del juego, Cristóbal López, quien en los últimos años inundó el país de tragamonedas gracias a los favores otorgados por el poder político.
En ese contexto, existen sospechas de que el titular de la DGI, Rubén Toninelli, le habría asignado a su hijo la tarea de intentar realizar operaciones para “emprolijar” y hacer presentables la documentación de Hotesur, que actualmente está en la mira del juez Claudio Bonadio. En otras palabras, desde el organismo recaudador se puso en marcha el operativo impunidad
Michel también tendría una estrecha relación con los liceístas de la AFIP. (ver página 4 y 5) Es decir, con los compañeros que tuvo Echegaray en el Liceo Naval de Ensenada y que ahora ocupan puestos clave en la AFIP, desde donde hacen negocios oscuros. Los máximos exponentes de este grupo son Guillermo “Willy” Cabezas Fernández, subdirector general de Sistemas y Telecomunicaciones, y Sergio Raúl Vargas, abogado y operador judicial de Echegaray. Ambos crearon la empresa fantasma Aonikenk, fijando un domicilio falso en la ciudad de Neuquén.