Investigarán al primo de Macri por las coimas de Odebrecht

Luego de que un particular lo denunciara, la Justicia rastreará el accionar de Ángelo Calcaterra, dueño de la constructora Iecsa, como “cómplice o encubridor” en los pagos de sobornos de la firma brasilera a empresas nacionales

El primo del Presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, dueño de una de las empresas constructoras con más adjudicaciones de obra pública del país, será investigado por su presunta participación en los pagos de coimas, reconocidas por la empresa brasilera Odebrecht, luego de que un particular lo denunciara ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, quien ya recoge datos de las tres grandes obras en las que participa la firma extranjera en territorio nacional.

Según trascendió, la acusación realizada ayer por el abogado Daniel Igolnikov  también incluye al ministro de Energía Juan José Aranguren y a otros funcionarios de la misma cartera, no identificados, que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros con representantes de la firma brasilera, que admitió haber pagado más de 35 millones de dólares en sobornos entre 2007 y 2014 en la Argentina.

En su presentación, Igolnikov afirma que “entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino el que le provee los fondos a Calcaterra, pues antes era el adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito”.

Se refiere a la obra del soterramiento del tren Sarmiento, licitada por Néstor Kirchner en 2006 y adjudicada dos años más tarde a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por la compañía de Calcaterra, Iecsa, la brasilera Odebrecht, la italiana Ghella, y la española Comsa. En aquel momento se acordó que las empresas debían buscar crédito externo, lo cual no prosperó y devino en la paralización del proyecto.

El año pasado Macri anunció con bombos y platillos la reactivación de los trabajos tantas veces anunciados y firmó un decreto aprobando el desembolso de $4.000 millones para la concreción de la obra. Para entonces, la firma Ghella ya había sido absorbida por Angelo Calcaterra en la conformación del Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios), del que es propietario.

Cómplice o encubridor

El denunciante Igolnikov solicita seguir la doctrina del iter criminis, que supone un antes y un después del ilícito, con una sucesión de hechos, donde los que participan son cómplices o encubridores, como sería Calcaterra en el eventual pago de coimas a los empresarios locales.

Según el letrado, “hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido” en las 25 reuniones mencionadas por un medio nacional, “ya sea con funcionarios actuales o de la administración anterior”, advirtió el letrado. “Como ciudadano detesto que un hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, agregó Igolnikov en su presentación.

Confesión comprometedora

En marco de la causa “Lava Jato”, hace dos semanas se conoció en Estados Unidos un acuerdo judicial por el que los titulares de las constructoras brasileras Odebrecht y Braskem se declararon culpables de violar normas contra sobornos fuera del país. 

En ese juicio por los casos de presunta corrupción en Brasil, Marcelo Odebrecht confesó haber pagado coimas por más de 35 millones de dólares en la Argentina entre 2007 y 2014.

Desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el fiscal Rodríguez busca las pruebas del delito revelado que llevan a Brasil, como licitaciones, presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta correos electrónicos de exfuncionarios.

La denuncia de Stolbizer

Cuando se conoció la información del pago de coimas en Argentina, la diputada nacional Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez se presentaron en la Justicia federal y denunciaron el caso. La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

En su presentación, la líder del GEN le pidió a Stornelli que solicite al Ministerio del Interior el detalle de todas las obras adjudicadas a Odebrecht, y a la Inspección General de Justicia los expedientes de estatutos y modificaciones societarias de la firma, como así también los estados contables de la constructora extranjera, por medio de la Cancillería.

En el escrito firmado por Martínez hay un párrafo para el soterramiento del Sarmiento: “Fue anunciado por Néstor Kirchner y nuevamente por Cristina Kirchner en enero de 2008, cuando anunció que serían 36 meses de obra, pero recién en 2010, y luego de cuatro anuncios, el Gobierno entregó el anticipo del precio con el que se plantó una tunelera de 12 metros de diámetro pintada prolijamente con los colores de los festejos del Bicentenario. Así arrancó el obrador que instalaron las empresas Iecsa, Odebrecht, Comsa y la italiana Ghella. Al momento de la adjudicación, la líder del consorcio era Iecsa. Sin embargo, con el tiempo el financiamiento original se reemplazó por otro del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) y Odebrecht pasó a liderar la obra”.