Argentina pidió a Estados Unidos documentación sobre Odebrecht

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi solicitó al Departamento de Justicia estadounidense que “agilice” el envío de comprobantes que respalden la confesión de los exdirectivos de la empresa brasileña sobre el pago de coimas a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi reclamó que Estados Unidos envíe a su juzgado la documentación sobre las confesiones de los exejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht, quienes dijeron haber pagado coimas en la Argentina.

El magistrado expidió un pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, a través de un exhorto, le reclame al Departamento de Justicia estadounidense que agilice el envío de comprobantes sobre las revelaciones de los exdirectivos de la constructora.

La petición fue realizada en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña contra el detenido exsecretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, acusado de recibir sobornos.

El reclamo de Martínez de Giorgi a Estados Unidos se produjo luego de que el magistrado le solicitara a la Justicia brasileña la confirmación de las pruebas que tiene en el expediente, algo que aún no fue respondido.

La revelación

Los pagos de sobornos en la Argentina trascendieron luego de la confesión de unos 70 exdirectivos de la empresa, incluido el detenido expresidente y heredero del grupo, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por coimas, y en el marco de la megacausa Lava Jato sobre corrupción, que involucra a políticos brasileños.

Esta semana, la constructora del país vecino reconoció ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado coimas por más de 35 millones de dólares en la Argentina “con el conocimiento de que esos depósitos se harían, en parte, a funcionarios del gobierno” para ser elegida como desarrolladora de obras de infraestructura.

Los exdirectivos “arrepentidos” dijeron que en nuestro país desembolsaron dinero en sobornos entre 2007 y 2014, con lo que lograron quedarse con negocios por 278 millones.

Una vez conocida la confesión, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió a las fiscalías de Brasil datos sobre las supuestas coimas para quedarse con licitaciones de obras.

El reclamo de la agencia gubernamental corre en paralelo con la investigación que desde fines del año pasado realiza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), centrada en las contrataciones que realizó la constructora brasileña en el país en los últimos años.

La Procuraduría recolectó información oficial sobre las obras que Odebrecht y otras cien empresas realizaron en el país, con la sospecha de que hubo una cartelización por parte de estas para quedarse con grandes negocios.

La PIA ya pidió al Ministerio de Economía información sobre todos los pagos que el Estado hizo entre 2006 y 2012 a cien empresas en concepto de obra pública, entre ellas Odebrecht, Techint y Camargo Correa.

Ocaña amplió su denuncia por los sobornos de la constructora

La diputada porteña Graciela Ocaña amplió ayer su denuncia por el pago de sobornos de la constructora Odebretch ante el juez Martínez de Giorgi, quien investiga el caso desde este año.

“Pedimos al juez que inicie una investigación para individualizar a los autores, cómplices, instigadores y encubridores de nuestro país”, dijo la legisladora porteña por Confianza Pública.

Ocaña aportó una copia de la denuncia de la Justicia de Estados Unidos, en la que la empresa admite haber pagado sobornos a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner entre 2007 y 2014.

El año pasado, la legisladora había denunciado al exsecretario de Transporte K, Ricardo Jaime, porque había pedido un soborno de 80.000 dólares a la constructora brasileña.

En la misma causa está siendo investigado el también multidenunciado exasesor de Jaime, Manuel Vázquez, a quien Ocaña identificó como otro de los exfuncionarios que habrían pedido coimas a la constructora brasilera.

Su acusación estaba basada en una investigación de la Policía Federal de Brasil y en una seguidilla de correos electrónicos entre Vázquez y el director del grupo Odebrecht, Mauricio Couri Riberio.

En el escrito, Ocaña le pide a Marcelo Martínez de Giorgi “que investigue las cuentas a las que se transfirió dicha suma, para determinar quién es el titular de las mismas”.

Allí destaca que, “en el punto 50 del acuerdo celebrado entre la firma Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se menciona que entre enero del año 2011 y marzo de 2014, Odebrecht habría realizado pagos por la suma de 500.000 dólares a cuentas privadas de un intermediario que se habría comprometido a trasladar dicha suma a los funcionarios argentinos”.  

Un pacto que complica a Jaime y De Vido

El pedido de colaboración de la Oficina Anticorrupción (OA) para individualizar los negocios a través de los cuales se habrían realizado los pagos, así como los receptores, se produjo luego de que se informara del acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos con Odebrecht.

En efecto, el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza pactaron que la firma brasileña pagará una multa de 3.500 millones de dólares por el reconocimiento de haber dado coimas por mil millones de dólares en doce países para quedarse con negocios millonarios.

En la causa Lava Jato, la Policía Federal de Brasil detectó, en febrero pasado durante una pericia informática, un listado de pagos ilegales de Odebrecht vinculados con mails de Manuel Vázquez, mano derecha del detenido exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, ambos condenados por hechos de corrupción.

En esos correos, Vázquez le reclamaba a Mauricio Couri Ribeiro, presidente de la constructora, la falta de pago de 80.000 dólares, que fue luego concretado a través de una empresa offshore a otra propiedad del asesor de Jaime.

En una de las causas, la Justicia argentina investiga al exministro de Planificación kirchnerista y actual diputado nacional Julio de Vido, porque Nestor Cerveró, el exejecutivo de Petrobras condenado a doce años de prisión, y el empresario Fernando Soares confesaron que cobraron 300.000 dólares para la venta de Transener.