Ordenan detener a un exbarrabrava K por el doble crimen narco

Lo dispuso el juez Melazo, quien había permitido que siguiera en libertad en enero pasado, cuando le encontraron un arma que fue usada en el asesinato de dos narcotraficantes colombianos. Marcelo Mallo, fundador de Hinchadas Unidas Argentinas, está prófugo

Increíble, pero real. El mismo juez platense que liberó en enero pasado al kirchnerista Marcelo Mallo, exlíder de Hinchada Unidas Argentinas, ayer ordenó su detención. Lo dispuso al comprobarse que la pistola Tanfoglio calibre 40, hallada en su domicilio durante un allanamiento realizado en enero pasado, fue utilizada en el doble crimen narco ocurrido hace 9 años en Unicenter.  

El magistrado en cuestión se llama Julio César Melazo, un funcionario judicial que hasta el pasado 10 de diciembre no dudaba en apoyar públicamente a Cristina Kirchner y que respaldó abiertamente la candidatura a gobernador de Aníbal “La Morsa” Fernández. Precisamente, el exjefe de Gabinete K estuvo vinculado con Mallo durante años.

Tal como informó Hoy, la prueba balística realizada sobre el arma habría permitido inducir que tendría vinculación con el doble crimen narco ocurrido en la localidad bonaerense de Martínez en 2008. 

El allanamiento en el domicilio de Mallo se produjo en el marco de la investigación que se puso en marcha poco después de la triple fuga del penal de General Alvear, que fue protagonizada por los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el Triple Crimen de General Rodriguez y por su participación en la mafia de la efedrina. Una de las víctimas, Sebastián Forza, tenía un vínculo con el custodio de los colombianos asesinados en Unicenter, pertenecientes al Cartel de la Cordillera. 

Según comprobó la Justicia, Forza fue ultimado en el marco de una disputa por el control del negocio de la efedrina, insumo principal que se utiliza para la producción de drogas sintéticas.

Durante la triple fuga, las sospechas apuntaban a que Mallo, estrechamente vinculado con La Morsa, habría formado parte de la red de apoyo que tenían los Lanatta y Schillaci. Poco le importó eso a Melazo quien, en enero pasado, había ordenado que el exlíder de Hinchadas Unidas siguiera en libertad, haciendo primar sus intereses cercanos al kirchnerismo y a la cuestionada procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo. En definitiva, la decisión de Melazo permitió que ahora el exlíder de Hinchas Unidas esté prófugo

Cabe recordar que Falbo fue denunciada por Elisa Carrió debido a la protección que le dio al fiscal general de San Isidro, Julio César Novo,  que fue suspendido en sus funciones tras las denuncias que lo involucran a una red de protección a narcotraficantes. Entre los casos en los que intervino Novo se encuentra, precisamente, el doble crimen de Unicenter. 

El 7 enero pasado el diario Hoy informó que la labor del fiscal de Azul que estaba investigando la triple fuga, Cristian Citterio, que fue secretario de Melazo durante 12 años y también forma parte de la troupe de funcionarios que responde a Falbo, había quedado en la mira. Y más si se tiene en cuenta que su padre, Roberto Citterio, fue el abogado del exjefe de la Policía Bonaerense, Alberto Sobrado, que fue enjuiciado por sus depósitos off shore en las Bahamas. El ahora fiscal trabajaba para Melazo, haciendo tareas de contabilidad, cuando el polémico juez anuló la causa contra Sobrado.  

Solo basta con recorrer el historial en Twitter para darse cuenta que a Melazo se lo puede definir como un “juez militante” por su apoyo a CFK y también por su respaldo a La Morsa.

En los pasillos judiciales afirman que Melazo logró ser magistrado gracias al respaldo que en su momento le dio la llamada “Maldita Policía” en los años 90, a lo que se le habría sumado contactos con el submundo del juego clandestino. Mucho se comenta que, gracias a algunos aportes económicos de algunos gerentes de ese negocio ilegal, se habría hecho una casa en la Costa Atlántica. 

En los últimos años, Melazo y el sciolismo fueron carne y uña. Es más, el juez, el entonces jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, y el ministro de Justicia, Ricardo Casal, junto a sindicalistas K como Julio Castro (Sosba) compartieron una velada en la casa del magistrado y hasta degustaron un novillito.  

Cabe recordar que Casal, hasta el 10 de diciembre pasado, fue el máximo responsable político del Servicio Penitenciario. De hecho, tanto Florencia Piermarini, que era la titular del SPB durante la triple fuga y su superior, el subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, respondían sin cortapisas del exministro sciolista.