Crean en Chile una comisión para evitar irregularidades en contratos públicos

El gobierno de Chile informó, durante la jornada pasada, que decidió crear una comisión de expertos que procurará establecer un “nuevo trato” con instituciones privadas sin fines de lucro, en busca de garantizar “la probidad y la integridad” en contratos públicos.

Este anuncio tuvo lugar a raíz de una polémica ocasionada por el manejo de fondos involucrados en convenios entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones.

En esta línea, la medida se anunció jornadas después de que una investigación revelara que la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda de Antofagasta firmó tres convenios por una suma equivalente a medio millón de dólares con la Fundación Democracia Viva, que dirige la expareja de una diputada, ambos de Revolución Democrática, uno de los partidos de la coalición de gobierno. El gobierno indicó que dicha fundación deberá devolver los recursos asignados y, después, la Contraloría General de la República (CRG) determinó congelar los contratos entre fundaciones y ONGs con el Estado.

En este contexto, Camila Vallejo, vocera del gobierno, señaló que “hemos decidido conformar un equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional, esto va a ser un equipo de trabajo que tiene un plazo de 45 días para poder cumplir con los objetivos para los cuales se les ha convocado”.

Asimismo, la funcionaria precisó que el objetivo de esa comisión será el de “establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro”, en el que “primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre las entidades y el Ejecutivo”.

En lo que tiene que ver con los convenios denunciados, Vallejo aseguró que el gobierno es “el más interesado en que estos casos se investiguen” y advirtió que “quienes tengan responsabilidad, asuman su responsabilidad”.

Además explicó que la comisión tendrá que identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración entre el Estado y las fundaciones, así como revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas.

También deberá elaborar propuestas a fin de prevenir conflictos de intereses y proponer sanciones a la mala utilización de los recursos públicos por parte de dichas entidades.