Detuvieron al ex procurador general de México por los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de México, es el más alto exfuncionario detenido por la

desaparición de los estudiantes ocurrida en el sureño estado de Guerrero. Fue arrestado en su casa en un exclusivo barrio de la Ciudad de México, acusado de “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la Justicia”, enmarcado en la investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Luego, la Fiscalía ordenó detener a 20 militares y 44 policías, además de otras 19 funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, quien se presume los ejecutores del crimen.

Por su parte, el abogado de los familiares de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam “un paso importante”, aunque se mostró escéptico sobre posibles revelaciones del exprocurador, quien ejerció su cargo durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Murillo llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.

¿Por qué se lo capturó?

En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de jóvenes desapareció cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para tomar el transporte en el que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas. Este episodio, que generó una fuerte condena internacional, constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos.

Su captura se produjo luego de que Andrés López Obrador, presidente de México, pidiera “verdad” y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un “crimen de Estado”.

El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.

Junto a los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de “malos servidores públicos” en los hechos de Ayotzinapa no supone el “mal funcionamiento de una institución”.

El informe

Este menciona “responsabilidades claras de elementos” de las Secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos estudiantes identificados hasta ahora.

Los hallazgos de ese grupo y la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada “verdad histórica” planteada por la gestión de Peña Nieto y presentada oficialmente por Murillo Karam, porque en esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.

Según la misma historia, tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula. Esta hipótesis es rechazada por familiares, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.

Por su parte, el mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó bajo órdenes de Murillo Karam.