Acusan a Conte Grand de encubrir hechos de corrupción de Cambiemos

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, Susana González, acusó al procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, de encubrir a funcionarios de Juntos por el Cambio en un fraude por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas en Astilleros Río Santiago, a quienes pidió también que se los investigue.

Los otros denunciados son el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta; los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés; y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago e integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La denuncia radicada en el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla “apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, señalo González.

Remarcó también que los hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, lo que, afirmó, evidencia “la participación principal del Procurador General de la provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.

Para la diputada, durante la gestión macrista “se conformó un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.

Asimismo, remarcó que es “un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.

Por tal motivo, para González el fiscal a cargo de esa causa, “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, lo que considera “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”.

La diputada añadió también que hubo “un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad offshore, con la compra de planchas y perfiles de acero destinados a la construcción de dos buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares” en 2016.

Y remarcó que desde que asumió Conte Grand “hubo un plan para cometer actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción”.