Amplían la denuncia por lavado de activos en el Gobierno de María Eugenia Vidal

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, amplió ante la justicia una denuncia contra el exInterventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla, durante el Gobierno de Cambiemos, en el marco de una causa por "malversación de fondos y lavado de activos" por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración publica.

La diputada provincial acompañó la ampliación de la denuncia por presunto "lavado de activos" con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por "una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos".

González indicó que, en el marco de la denuncia original, los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la administración pública por 95 millones de dólares dejan en "evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General" a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.

En las ultimas horas, la diputada provincial del Frente de Todos aportó nueva documentación a la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata.

Según informó, oportunamente fue solicitado al Departamento Ejecutivo, que a través del Ministerio de Justicia informe y acompañe la declaración jurada del funcionario tras darse a conocer el comprobante de transferencia bancaria del Banco Ciudad en el que figura el CUIT, el número de cuenta en la que se realizó la transferencia, y un monto total de $1.000.000.066,65, todo ello "en el marco de las políticas en materia de erradicación de prácticas corruptas en la gestión de gobierno".

De esta manera, la legisladora señaló que "oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión" por lo que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades".

Sin embargo, señaló que el pedido de informes fue "cajoneado" sin ningún tipo de tratamiento y "perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento" de la presunta maniobra fraudulenta.

"En conclusión, no se investigó el origen de la malversación por U$S 95 millones que forman parte de la denuncia original, con prueba en las distintas pericias solicitadas" por el mismo agente fiscal, dijo González, quien reiteró que la cuantía del monto habilita el pedido de investigación sobre éste hecho y que la prueba indicada estaría vinculada a las maniobras delictuales.