Brechas y marchas

Por Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.

Para reducir brechas de desigualdad de género en el trabajo no sirve cualquier tipo de crecimiento. Hace falta crecer, que se redistribuya la riqueza en un sentido progresivo, que los ingresos y las jubilaciones le ganen a la inflación, que aumente la formalidad laboral y el trabajo de calidad. Todo esto junto es condición necesaria, pero no suficiente. Porque necesitamos también políticas activas que promuevan la igualdad de género, que no se genera de manera espontánea nunca, ni en tiempos expansivos y mucho menos en épocas recesivas.

Se acaba de anunciar un importante aumento jubilatorio, que favorece a los sectores del decil más bajo con un incremento casi del 8% sobre la inflación. Allí gracias a las políticas inclusivas de moratorias previsionales, tenemos un acceso universal, que benefició especialmente a las mujeres. También se hizo pública una investigación de Economía de Nación que muestra la persistencia de las brechas de ingresos, con un saldo desfavorable del 28% para las mujeres respecto a los varones. Y en la Provincia, según datos del tercer trimestre del 2021, se recupera significativamente el empleo en las mujeres jóvenes, pero esto no impacta en la reducción de la desigualdad salarial.

La división sexual del trabajo, entre trabajo remunerado (productivo) y reproductivo (no remunerado, de cuidados) estructura las relaciones del trabajo y condiciona los modos de insertarse mujeres y varones en el mismo. Esto reproduce las históricas brechas de desigualdad: diferencias en ingresos, en tiempo de trabajo, en participación laboral, en acceso a puestos jerárquicos, en tipos de ocupación, entre otras.

Hoy la cuestión del trabajo de las mujeres y diversidades, y los trabajos de cuidados están mucho más instalados en la agenda pública y política, en el Estado y la sociedad. Así es que se están desarrollando programas como Oficios sin prejuicios, Sello igualdad, la modificación de licencias para incluir la corresponsabilidad de los cuidados, el cupo laboral travesti, trans, la incorporación de cláusulas de género en licitaciones del sector de construcción y obras públicas. Todas estas medidas y muchas más que están en desarrollo requieren de un contexto, como dijimos, crecimiento e inclusión social.

Hoy estamos atravesando una situación muy compleja. Este 17 de agosto se está realizando una movilización que tiene al sindicalismo organizado en distintas centrales y corrientes como protagonista. El lema principal es denunciar la especulación financiera, los formadores de precios y las presiones por la devaluación. Estas demandas son urgentes a la hora de pensar el impacto que la inflación tiene en la vida cotidiana de nuestras familias. Y especialmente en las más humildes, en el 30% de los hogares que están sostenidos por mujeres, donde más pesa el precio de alimentos y servicios sobre los ingresos totales.

Necesitamos un modelo de desarrollo que redistribuya en lo económico, pero también en lo simbólico y social. La justicia social que anhelamos está intrínsecamente ligada a la igualdad de género. De eso también se tratan los debates de cada coyuntura.

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