Buscan que las denuncias de torturas en Malvinas sean delitos de lesa humanidad

La Corte Suprema de Justicia recibirá un segundo expediente en el que se discute si las denuncias por supuestas torturas cometidas por exmilitares argentinos contra soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no prescriben.

El Máximo Tribunal argentino analiza desde mediados de 2021 un recurso extraordinario federal presentado por la fiscalía y las partes querellantes contra un pronunciamiento de la Cámara de Casación Penal que consideró prescriptos los delitos, en un fallo en mayoría y que involucra la situación de uno de los imputados en el caso, Jorge Ferrante, cuyo procesamiento fue anulado por Casación.

La misma cámara declaró que ahora admite un nuevo recurso extraordinario planteado en torno a la situación de los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, también procesados (por el delito de “vejaciones”) hasta que el 30 de mayo de este año Casación anuló el fallo con el criterio de que los delitos están prescriptos.

El recurso que depositará el caso ante la Corte fue presentado por el fiscal Javier De Luca y por abogados del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (Cecim), la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y la querella representante de las víctimas Oscar Torres, Carlos Raymundo Rodas, Jorge Ramón Diez y Oscar Orlando Frías.

Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Ana Mara Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña coincidieron en que la causa debe llegar a la Suprema Corte porque “los agravios expuestos remiten al debate de una cuestión federal al vincularse con la interpretación y alcance del derecho de gentes y categorías de derecho penal internacional y derecho internacional humanitario”, sostiene el escrito judicial que al que accedió Télam.

También argumentaron que, al tratarse de presuntos crímenes de guerra, tortura y/o graves violaciones a los derechos humanos, “se encuentra en juego la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar a sus responsables, cuyo incumplimiento generaría responsabilidad ante la comunidad internacional”.