Cómo será el Plan Básico Universal Obligatorio para telecomunicaciones

El programa brindará servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y TV por suscripción con un precio a partir de 150 pesos para jubilados, desocupados y trabajadores de la economía informal. Para el resto de los usuarios habrá subas que alcanzan el 8%.

El Gobierno nacional formalizó este lunes la entrada en vigencia a partir del 1° de enero del Plan Básico Universal Obligatorio (PBU) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, internet y TV por suscripción con un precio a partir de 150 pesos, y también los incrementos entre el 5% y el 8% para los demás planes no comprendidos en el programa.

Lo hizo a través de las resoluciones 1466/2020 y 1467/2020 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicadas en el Boletín Oficial.

Características

El PBU tiene por objetivo favorecer la universalización del acceso a estos servicios por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos.

La prestación tiene el carácter de “obligatoria”, con lo cual las empresas deberán otorgar estos planes especiales a los beneficiarios contemplados en la norma, según especifica la Resolución 1467/2020.

Entre los beneficiarios figuran jubilados y pensionados con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo y por Embarazo.

También comprende a quienes perciben pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, a inscriptos en el Monotributo Social, así como a trabajadores y trabajadoras monotributistas cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos salarios mínimos y seguro de desempleo.

Además, los beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares, usuarios y usuarias que perciban una beca del programa Progresar, personas desocupadas o en la economía informal, y de programas sociales, en todos los casos incluidos sus hijos de entre 16 y 18 años.
La norma incluye asimismo a los clubes de barrio y de pueblo registrados, asociaciones de bomberos voluntarios registrados, entidades de bien público sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal.

La implementación

El presidente de Enacom, Claudio Ambrosini, dijo en declaraciones radiales: “Estamos muy contentos de dar otro derecho más, como dimos la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, hoy estamos dando el derecho a los argentinos más vulnerables a estar conectados”.

Sostuvo que “el objetivo es favorecer al usuario y no desfinanciar a las empresas” y recordó que “todas estas empresas durante la pandemia siguieron facturando, no como otras que no pudieron abrir y tuvieron facturación cero”.

Para la implementación del plan “nos vamos a sentar esta semana con las compañías para ajustar los detalles y que tengan las herramientas necesarias”, agregó.

Los aumentos

En la otra resolución, se autorizó un aumento para las empresas de estos servicios públicos en general, de hasta 5% para enero próximo.

Sin embargo, los licenciatarios que posean menos de 100.000 accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante 2020 podrán incrementar el valor de sus precios minoristas hasta un 8%.

Para establecer los porcentajes aprobados se deberán tomar como referencia sus precios vigentes al 31 de julio 2020.

La normativa también dispuso que cualquier pretensión particular de incremento de un porcentaje superior a los establecidos “deberá solicitarse con carácter excepcional y fundarse debidamente a través de documentación fehaciente”.

La reacción de las telefónicas

La decisión del Gobierno nacional no fue bien recibida por el sector privado, incluidas las empresas pymes.

Desde Telecom, uno de los principales actores del sector titular de Personal, Fibertel, Flow y Telecom, dijeron que con estas medidas el Gobierno “está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”.

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