Declararon inconstitucional el pago de Ganancias para magistrados

El juez en lo contencioso administrativo, Pablo Cayssials, declaró que es inconstitucional que jueces y fiscales nombrados después de 2017 paguen Ganancias. La decisión de Cayssials se tomó ante una demanda que entabló José Luis Agüero Iturbe, el fiscal general adjunto, ante la Cámara Federal de Apelaciones de los tribunales de Comodoro Py.

La resolución cayó mal en el gobierno. “El fallo solo puede ser firmado por un juez como Cayssials, que forma parte de un grupo de jueces que hace mucho tiempo dejaron de impartir justicia para solamente gozar de los privilegios de su cargo público”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria.

La disputa por el pago del tributo data de la era Cambiemos. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri aprobó una reforma al impuesto de Ganancias que establecía que los nuevos jueces iban a tener que tributar. La decisión generó un tembladeral en la justicia. La Asociación de Magistrados presentó una cautelar, que fue concedida por el juez Esteban Furnari, y el tema terminó escalando hasta la Corte Suprema.

En noviembre de 2018, los supremos rechazaron la medida. “Los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente”, escribieron los cinco integrantes de la Corte —que no pagan Ganancias—.

Después de ese fallo, se abrió un proceso de negociación. El 20 de diciembre de 2018, el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, anunció un “acuerdo histórico” y dijo que la Argentina estaba transitando un proceso de transformación que era apoyado por los magistrados. De esa forma, a partir del 1° de enero de 2019, empezaban a pagar Ganancias quienes hubieran sido designados desde el 1° de enero de 2017.

En 2018, Agüero Iturbe fue nombrado fiscal general adjunto ante la Cámara Federal porteña. Desde que se jubiló el todopoderoso Germán Moldes, Agüero Iturbe quedó en su lugar.

De esta manera, Agüero Iturbe presentó una demanda en el fuero contencioso administrativo contra la Procuración General de la Nación —a cargo interinamente de Eduardo Casal— para pedir que se declare la inconstitucionalidad del inciso a del artículo 5 de la Ley 27.346.

En su resolución de 25 páginas, el juez Cayssials sostuvo que la ley establece un trato diferenciado entre magistrados que integran la Procuración General de la Nación por la fecha en la que fueron designados. Es decir, sostiene que hay fiscales que cumplen la misma tarea, pero que cobran más y no tributan porque ingresaron antes de 2017.