Buscan que las denuncias de torturas en Malvinas sean delitos de lesa humanidad
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La idea de armar una lista de sindicatos y sindicalistas para poder operar sobre ellos se lanzó en abril de 2017.
06/10/2022 - 01:03hs
En marzo de este año, cuando la revelación de la Gestapo antisindical aún generaba nuevos desprendimientos todos los días, diario Hoy daba cuenta de que antes incluso de la ya célebre reunión en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), la Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno macrista, dirigida por Mariano Federici, había montado un operativo para hurgar de oficio en los movimientos de personas ligadas a docenas de gremios, en busca de cualquier elemento que permitiera iniciar acciones legales contra ellas.
¿Se trataba de un ejemplo de civismo inusitado, o más bien de que el primer paro general contra el gobierno de Mauricio Macri se había concretado poco antes, y tanto el entonces presidente como quien era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habían declarado a los sindicatos como el enemigo público número uno? La respuesta se cae de madura si se piensa que en esa misma época se produjo la crucial reunión en la Casa Rosada en la que Macri ordenó poner toda la operación antisindical en manos de Gustavo Arribas.
En la larguísima lista elaborada por la UIF, en base a registros que el personal se puso a buscar en internet, sin requerimiento judicial de ningún tipo, y en un trámite que Federici dispuso mantener en “carácter de secreto”, figuran el ingeniero Marcelo Balcedo, en el puesto 91, y el gremio que lideraba, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), en el puesto 260.
La consigna era buscar cualquier cosa que sirviera para entablar acciones judiciales contra los señalados, como luego, efectivamente, ocurriría con el titular de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Juan Pablo Medina, quien fue recientemente absuelto en la causa armada en su contra por acción de la “Gestapo”.
La idea de armar una lista de sindicatos y sindicalistas para poder operar sobre ellos se lanzó en abril de 2017. En noviembre, la UIF le dio forma de “proyecto estratégico”. Pero la persecución había comenzado mucho antes.