El Ejecutivo presentó el proyecto de ley de Ética Pública

Axel Kicillof presentó ante la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de Ética Pública y Transparencia, en el marco de la apertura del 4° Foro Provincial de Integridad, Transparencia y Ética Pública.

Esta iniciativa contiene 38 artículos divididos en ocho capítulos, y tiene como principios rectores establecer un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la ­integridad y la transparencia en el ámbito provincial.

Las herramientas que propone para cumplir con dichos objetivos son instancias de capacitación obligatoria, la implementación de la perspectiva de género de forma transversal, la ­creación de una comisión provincial de ética pública y transparencia y un consejo consultivo de la sociedad civil, y la puesta en marcha de un sistema de integridad basado en mecanismos preventivos.

“En los primeros días de nuestra gestión propusimos que este proyecto no debía ser una iniciativa limitada al Poder Ejecutivo, sino que su gestación tenía que ser el resultado de un proceso participativo y democrático”, dijo el gobernador, además de mostrarse confiado por el acompañamiento del cuerpo legislativo provincial.

En este sentido, expresó: “Esperamos que esta ley se discuta y se apruebe rápidamente, ya que nos va a brindar a todos la tranquilidad de que la sociedad sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué leyes y normas nos guiamos”.

Por otro lado, Kicillof señaló que el proyecto “representa a muchas instituciones, especialistas y universidades, y refleja el debate y la discusión tendientes a resolver problemas y contribuir con todos los poderes del Estado para gobernar mejor y de forma más transparente”. “Es una ley que necesitamos pronto porque viene a fortalecer la gestión y a llenar un vacío que impacta en la práctica cotidiana del ejercicio de la función pública”, añadió.

“Será un gran avance para generar más transparencia, que es nuestra obligación para construir un sistema democrático más pleno”, concluyó.

La iniciativa comenzó a gestarse a partir de la creación de una mesa de trabajo en octubre de 2020. A partir de ese momento, representantes de universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, organismos de la Constitución y funcionarios nacionales, provinciales y municipales realizaron más de un centenar de reuniones para consensuar el proyecto que ayer partió a la Legislatura.