Senado: la reforma de la ley que prorroga desalojos obtuvo dictamen
La norma declara la utilidad pública de 1.176 barrios populares
El proyecto que reforma la ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares, que prorroga por diez años la suspensión de los desalojos, obtuvo ayer dictamen unánime en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado nacional.
La iniciativa fue sancionada el miércoles pasado por la Cámara de Diputados y promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, a la vez que garantiza una tarifa social en beneficio de los habitantes de los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Aunque el dictamen contó con el apoyo del oficialismo y la oposición, hubo cruces entre ambos espacios políticos respecto de los instrumentos utilizados para el financiamiento de esa herramienta que promueve soluciones habitacionales.
La reforma propone ampliar el alcance de la norma que fue sancionada en 2018 y declara la “utilidad pública” de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.
A su vez, el proyecto busca declarar la emergencia sociourbana, sanitaria y ambiental en los barrios periféricos por el plazo de dos años, además de incorporar la perspectiva de género como un criterio de prioridad para obtener la titularidad de las viviendas.
Voces
La exposición de los legisladores del Frente de Todos centró el grueso de los argumentos en buscar soluciones de consenso para paliar los efectos negativos de la deuda externa argentina, atender las necesidades de los sectores más vulnerables y en la necesidad de construir un “un nuevo pacto social”.
“Podremos tener muchos anhelos, pero a veces hay que ser valientes y la valentía no es de quién manda el tuit más agresivo hacia el oficialismo o la oposición, sino con consensos profundos para solucionar el tema de la vivienda”, ponderó la vicepresidenta del interbloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.
Por su parte, el sacerdote Gustavo Carrara, uno de los curas que trabajan en los barrios populares, reconoció que la iniciativa “aborda el núcleo duro de la pobreza”.
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