El Estado acepta su responsabilidad ante la CIDH por una internación ilegal en un psiquiátrico

Representantes del Estado argentino firmarán hoy un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de María del Carmen Senem de Buzzi, una mujer que permaneció internada ilegalmente en una clínica psiquiátrica en 1993 después de haber acudido a la Justicia a pedir ayuda por su hijo de 19 años afectado por el consumo problemático de drogas.

“El 20 de octubre de 1993, María del Carmen Senem de Buzzi se presentó en un juzgado de familia a solicitar un tratamiento para su hijo, quien sufría adicción a las drogas. A partir de esta presentación, una jueza nacional ordenó que la sometieran a una pericia psiquiátrica que duró apenas unos minutos y dispuso su internación forzosa, en violación de la legislación vigente en ese momento”, informó el ­Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a la familia de María, fallecida en 2019.

Agregaron que “María del Carmen fue engañada por las autoridades del juzgado y trasladada a una clínica psiquiátrica de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo detenida por casi cinco meses”.

Para la organización, su caso “es paradigmático” respecto de “cuál era la respuesta ­estatal que recibían las personas usuarias de los servicios de salud mental en Argentina antes de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental”, al tiempo que “invita a reflexionar sobre las prácticas contrarias al derecho ­internacional de los derechos humanos que aún persisten, a pesar de la vigencia de la ley”.

“Durante los primeros 15 días de internación, María del Carmen permaneció completamente aislada, sin tener ningún contacto con el mundo exterior ni con su familia, en ­condiciones muy precarias que le provocaron distintas enfermedades”, dijeron en un ­comunicado.

“Su voz y opinión fueron ignoradas de manera sistemática. Jamás pudo conocer la razón por la que se encontraba allí, ni recibió información sobre su tratamiento médico, ni de parte del personal de la clínica ni de algún representante legal”, añadieron.

Mientras duró esta internación compulsiva e ilegal, “los defensores públicos no se contactaron con ella ni realizaron presentaciones judiciales adecuadas en defensa de sus derechos”, pero además “el juzgado no controló la internación ni veló adecuadamente por su libertad e integridad”.

Tras ser liberada, Senem “presentó un recurso judicial que tardó casi 14 años en ser resuelto y que fue rechazado” en todas las instancias, es decir que a nivel nacional “le negaron la posibilidad de tener justicia y reparación por los daños sufridos”, razón por la cual el caso fue presentado ante la CIDH.

“El acuerdo que se alcanzó entre las partes establece medidas de naturaleza estructural, como por ejemplo la promoción de la ­implementación en las provincias de la Ley Nacional de Salud Mental, la presentación de planes de adecuación de los hospitales ­neuropsiquiátricos públicos de la provincia de Buenos Aires y la adopción de las normas de habilitación y supervisión para el funcionamiento de los efectores de salud mental y consumos problemáticos en la provincia de Buenos Aires”, explicaron.

También “capacitaciones y formación en salud mental y derechos humanos para funcionarios y magistrados del ámbito judicial; y otras medidas de difusión y publicidad del acuerdo y de los derechos de personas usuarias de atención psicosocial”.

El acto de reconocimiento de responsabilidad por el caso María del Carmen Senem de Buzzi tendrá lugar mañana a las 11.30, y se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Derechos Humanos: “SDHArgentina”.