El Gobierno acelera la aplicación del Código Procesal Penal en Rosario

Hace más de cuatro años que se encuentra demorada la aplicación del Código Procesal Penal Federal, temática que preocupa al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien ya se encuentra trabajando para agilizar la cuestión en el marco de la violencia narcocriminal que aqueja a la ciudad santafesina de Rosario.

El Código Procesal Penal Federal, que solo tiene vigencia en las provincias de Salta y Jujuy, se aprobó en 2014 y su aplicación quedó paralizada en los últimos cuatro años. En el contexto actual que acecha a Rosario, la medida conlleva la transición hacia un sistema acusatorio con mayor poder para los fiscales, división clara de roles en el Ministerio Público, defensores y jueces, con el objetivo de agilizar la Justicia.

Se caracterizará por una distinción marcada de roles entre el fiscal, el defensor y el juez, que asumirá un rol imparcial ya no responsables de la investigación, sino que controlan la investigación que lleva adelante la fiscalía.

En este panorama, Cúneo Libarona puso como prioridad y urgencia de su gestión esta necesidad de modernización de la justicia federal, así como su aplicación para combatir la violencia narcocriminal y a las bandas organizadas.

La cartera que conduce Cúneo Libarona confirmó la organización de capacitaciones y simulacros generales para jueces, fiscales y defensores, deberá ultimarse la adecuación de la infraestructura, desde lugares o salas, sistemas, equipos informáticos, bienes muebles e inmuebles y la preparación de un acto para este 6 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario que buscará ratificar la implementación de la medida.

En tanto, el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer, remarcó que la reforma que se pondrá en marcha en diez días va a “ocuparse del fenómeno de la criminalidad organizada, de la macrocriminalidad que tanto preocupa al país en general y al distrito Rosario en particular”.

Asimismo, aclaró que el sistema es imprescindible “porque crea las condiciones para desarrollar una política criminal que impacte de una manera eficaz en la lucha contra el crimen organizado”, y aclaró que se crearán las condiciones para que, “si trabajamos bien, logremos resultados tangibles en la disminución o el combate efectivo del crimen organizado”.