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“El Presidente debería escuchar lo que dijo Pietragalla, quien reconoce que hay violaciones a los DD. HH.”
En diálogo con diario Hoy, la concejala peronista Gabriela Neme afirma que su detención por denunciar los polémicos centros de aislamiento en Formosa provino de Gildo Insfrán y su ministro Jorge Abel González. Además, cuenta cómo el Poder Judicial también es cómplice de lo que ocurre en ese territorio y retruca a Alberto Fernández, repitiendo que en su provincia hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En el marco de un extenso diálogo con diario Hoy, la concejala peronista Gabriela Neme denunció violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa y destacó que hay complicidad de la Justicia en este sentido.
—La semana pasada se reunieron con los diputados Waldo Wolff y Mónica Frade, de Juntos por el Cambio, que llegaron a Formosa, junto a otros, para dar cuenta de la situación. ¿De qué hablaron?
—Solo me reuní con ellos, Mónica Frade me había pedido la entrevista y fuimos juntos con el doctor Daniel Suizer. Los pusimos en conocimiento de todo lo que estaba pasando y les dijimos que consideramos que existe una violación sistemática a los derechos humanos, porque están incluidas, también, las personas que quieren ingresar a la provincia y no pueden, los que son Covid positivo asintomáticos y los contactos estrechos, que tienen que perder su libertad para estar en esos centros de aislamiento.
—Violaciones a los derechos humanos hay, pero ¿por qué es sistemática?
—Estoy convencida de que hay una violación y se están cometiendo delitos de lesa humanidad porque sistemáticamente es un patrón del gobierno de Formosa de querer someter al pueblo. Primero lo hicieron con el ingreso a la provincia. Ellos manejaban quiénes sí y quiénes no entraban a Formosa. Primero, los que tenían domicilio afuera no podían ingresar. Luego esta sistematización en los centros. Todo el mundo perdía la libertad, y (las personas) estaban a cargo de una custodia policial. Después, en el último tiempo, lo que hicieron fue ir a buscar a las personas a las casas (con la Policía) porque presumían que eran contactos estrechos y los metían adentro perdiendo su libertad. Pero desde antes de la pandemia ocurre el sometimiento a los empleados públicos. Con amenazas, con prohibiciones de manifestarse si se acompaña a algún otro opositor o si se pone algo en las redes. Esto genera represiones y amenazas políticas. Entonces, para mí, sí hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos.
—¿Esto sucede desde 1995 o fue paulatinamente?
—En el último tiempo se agravó.
—¿“Último tiempo” sería durante la pandemia o antes?
—La pandemia puso al descubierto lo peor de Gildo Insfrán, pero hace años que ocurre la persecución a los empleados públicos. Es un patrón que reventó en la pandemia, cuando Insfrán tuvo la posibilidad de encontrar la excusa de la salud. Es una excusa porque, si bien en pandemia todos tuvimos que hacer un cambio radical de hábitos, de cuestiones que antes no teníamos en cuenta, de ninguna manera puede habilitar la quita sistemática de derechos.
—Además, con la evolución de la pandemia, cambiaron muchas cosas desde el día 1. Ir conociendo la enfermedad permitió que se cambiara la cantidad de días en los que se realizaba el aislamiento, por ejemplo...
—Claro, los primeros 40 días de la cuarentena acompañé. Es más, publicaba que acompañaba la decisión del gobierno de Insfrán porque me parecía que era lo correcto. Cuarenta días, dos meses, acompañé. Pero hoy, a casi once meses, tenés personas en el puente varadas que no las dejan ingresar a la provincia. Hay como una lejanía de la realidad. Una lejanía de entender que hay derechos consagrados en la Constitución y que no hay nadie por encima de esa Constitución.
—¿Cuál fue el accionar de los otros poderes de la provincia?
—Lo peor que se vio en estos meses fue la complicidad del Poder Judicial. Si bien siempre denunciamos la falta de independencia, en esta cuarentena salió lo peor. Fue en diciembre con el fallo de inhibitoria. El superior tribunal le decía al juez federal que la Justicia no tenía facultades para poner límites a las políticas del Poder Ejecutivo. Por eso hablo de complicidad del Poder Judicial, ya que es el garante del ejercicio de los derechos constitucionales.
—Luego de los 40 días, cuando dejaste de acompañar al gobierno y comenzaste a denunciar esta situación, ¿recibiste amenazas?
—Nunca recibimos amenazas directas. En la Mesa Covid, junto al doctor Suizer, conseguimos la autorización para que ingresaran 1.200 personas puntuales por habeas corpus, aparte de los que ordenó la Corte. Y cuando conseguimos la inconstitucionalidad, que el juez decretara la inconstitucionalidad del ingreso ordenado y administrado por la provincia, el ministro Jorge González, en el parte diario, decía, por ejemplo: “Hoy dio Covid positivo una persona ingresada por el habeas corpus de la Dra. Neme y Suizer”. También nos han dicho varias veces que éramos responsables de querer colapsar el sistema sanitario. Es más, decía que nuestras presentaciones judiciales representaban el estatus del contagio. Y luego, en unas publicaciones que eran publicadas y repartidas por trolls, salía una foto de nosotros dos (Suizer y Neme) dentro del Poder Judicial y al lado mío una parca diciendo que estábamos tentando a la muerte. Un poco mafioso, ¿no? Sentí un poquito de escalofríos con eso.
Después me pude mover perfectamente. Había visitado 15 centros antes de la detención. Siempre iba de esta manera: cuando se superaban los 14 días de aislamiento iba, golpeaba la puerta y exigía que les dieran la libertad (a los que no habían presentado síntomas) porque se estaba cometiendo un delito de privación ilegítima de la libertad. Y en todos esperábamos una, dos, cinco horas y terminaban saliendo las personas. Cuando hubo una resistencia (en la escuela n° 18), decido ir a hacer la denuncia penal contra el gobernador.
—¿Y luego te detienen?
—Y dos horas después me detienen (NdR: Neme fue detenida junto a la concejala Celeste Ruiz Díaz).
—Sobre la visita de Horacio Pietragalla Corti (secretario de Derechos Humanos de la Nación) a Formosa, él en la conferencia de prensa, luego de visitar los centros, habló solo de violencia institucional, pero en la reunión con Amnistía Internacional admitió que hay violaciones a los derechos humanos, aunque insiste en que no hay un plan sistemático. ¿Cómo fue el encuentro entre ustedes? ¿Qué le dijo?
—Nosotros estuvimos una hora y veinte, y pedí la compañía de una de las víctimas. La verdad es que Pietragalla tuvo una actitud de escucha, de empatía, de preguntar y de anotar. Salí muy esperanzada de esa reunión. No fue una reunión más. De hecho, a Silvana Quevedo, una de las víctimas, le ofreció la asistencia del Centro Ulloa, un centro para la asistencia y contención de víctimas de torturas y de delitos de violación de derechos humanos. Después hizo una retórica para la tribuna política que nos molestó mucho. Creo que el Gobierno nacional está incómodo con Insfrán y lo que está pasando en Formosa. Entonces, me parece, agarró el camino y dijo: “Vamos a sostener para el discurso”. Pero es muy evidente que para el adentro ha habido una bajada de línea.
—Sí, claro. De hecho, tomaron medidas inmediatamente. Liberaron un centro de aislamiento (el de la escuela n° 224) esa misma noche.
—Claro. La provincia, antes de que llegara Pietragalla, había desarticulado el peor centro, que era el (estadio) Cincuentenario. Luego de la visita de la Secretaría de Derechos Humanos hubo cambios. Empezaron a sacar a la Policía de las calles, pero están como agazapados. No es que esto va a cambiar de la noche a la mañana. De hecho, me pasaron un parte extraoficial donde la Policía les da órdenes a sus agentes que van a los centros de aislamiento. Les dicen que vayan de civil y no vestidos de policía. Entonces, tampoco va a cambiar.
El problema son las autoridades, más que los agentes, que tienen que cumplir órdenes. Estoy convencida de que el día de mi detención la orden vino del gobernador y del ministro, y por eso la agresividad a la hora de cumplir la orden, porque no me estaba resistiendo.
El miércoles se flexibilizaron las medidas y ahora los niños y adultos mayores no van a hacer cuarentena en los centros, sino en su domicilio, y los días de cuarentena en los centros se redujeron de 14 a 10. Eso te revela la improvisación de ellos. Es un capricho porque no hay consistencia científica que diga por qué un segmento tiene que seguir en los centros y por qué de 14 a 10 días.. Es una batalla que nos está dando conquistas, pero hay que seguir...
—¿Qué opinión tiene sobre lo que dijo el Presidente hoy (por ayer), en una entrevista con Página 12, sobre Formosa?
—El Presidente debería escuchar lo que dijo Pietragalla, quien reconoce que hay violaciones a los derechos humanos, que hay violencia institucional. Me gustaría que hable de eso. De la violencia de la Policía, de la violencia de mi arresto. Y sigo sosteniendo que hay sistematicidad en la violación de los derechos humanos porque es parte de un modelo de opresión que antes se daba con la persecución a empleados públicos, a comunidades originarias, y hoy se da con este sistema de privación de la libertad en estos centros que no están recomendados en el mundo. Por eso el mundo tiene puesta la vista en Formosa, atento a la gravedad de la privación de derechos. De ninguna manera la pandemia autoriza la quita de derechos.