Escuchas del caso Vicentin revelan gestiones de un síndico para justificar 200.000 dólares

La investigación sobre posibles estafas por las que fueron imputados 14 directivos de Vicentin reveló escuchas telefónicas del actual presidente de la firma, Omar Scarel, con un abogado, a quien le pide asesoramiento para justificar “200.000 verdes” que su hijo tenía en una caja de seguridad, de los que terminó haciéndose cargo un extitular de la AFIP de Santa Fe.

Scarel era el síndico de Vicentin SAIC al momento de la cesación de pagos de la compañía, en diciembre de 2019, y la charla revelada esta semana en la audiencia de acusación del fiscal Miguel Moreno a los directivos de la empresa fue captada en diciembre de 2020, cuando se había convertido en el presidente del nuevo directorio.

Para el fiscal, la conversación que reveló en la audiencia de esta semana es demostrativa de la capacidad de los directivos para borrar o alterar pruebas de la investigación, por lo que pidió la prisión preventiva de cinco ejecutivos.

La medida fue rechazada por el juez Román Lanzón, quien en cambio les impuso una caución por US$ 10 millones a Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze.

Los diálogos

El 29 de diciembre del año pasado, Scarel llamó al abogado Sergio Pavicich para pedirle asesoramiento sobre cómo proceder ante la interdicción establecida por el fiscal Moreno a una caja de seguridad a nombre de su hijo, en la que aparentemente había US$200.000 cuyo origen el mismo ejecutivo admite en el diálogo desconocer.

Scarel se queja porque dice que el fiscal “no tendría por qué meterse con cosas que no corresponden a la causa”, pero el abogado le responde: “Y sí, porque es fiscal, porque el lavado es delito de orden público y si vos no tenés respaldo de esa guita, lamentablemente te tengo que decir que te la van a secuestrar”.

Entonces comienza un ida y vuelta para buscar cómo justificar el dinero interdicto en la caja de seguridad bancaria.

Finalmente, según explicó el fiscal Moreno, en la causa apareció un certificado firmado por Carlos Vaudagna, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), afirmando que el dinero era suyo y que lo había dejado como parte de operaciones con Remax.