La jueza María del Rosario Rocca confesó que no le importa si una denuncia es falsa para romper familias

Según la nota de La Plata 1, un “Taller práctico sobre violencia económica y violencia simbólica” celebrado en La Plata puso de manifiesto la desidia con la cual se desenvuelve la jueza platense María del Rosario Rocca en casos de denuncias dentro del fuero de Familia.

“Doctora, le hago una consulta. Cuando se presenta la medida, la solicitud, ¿ustedes analizan los hechos como para determinar el plazo, por ejemplo, de la perimetral…?”, preguntó en aquel taller una abogada.

“No hace falta”, respondió tajante Rocca, titular del Juzgado de Familia n° 6 de La Plata. Todo el taller fue grabado.

Poco antes, Rocca había dicho: “Contra la falsa denuncia no se puede nada, ¿está?” El asombro fue tal que se escucha de fondo a una persona que la cámara no muestra y que exclama: “¡Ah… bueeeno!” Esta misma persona admite luego con resignación: “En el foro de familia, no se comprueba ningún hecho, simplemente se pone paños fríos”.

El tema aparece varias veces, a lo largo de las casi dos horas que dura el taller, ya que muchos participantes se muestran preocupados por ver cómo limitar el alcance de ciertas medidas, y cuando la Jueza de familia reitera “no es mi tarea (corroborar los hechos), no es el objeto del proceso de violencia, básicamente”, otra asistente admite que las denuncias son tomadas como válidas y que “ante la falsedad, que sabemos”, tendrían que pasar el tema al fuero penal, “porque yo en mi fuero jamás voy a comprobar que es mentira, porque la ley no está para eso, está para poner paños de agua fría por la verdad o por la mentira que sea”.

Efectivamente, el “no hace falta” [corroborar la veracidad de los dichos] pronunciado con tanta soltura por Rocca, confirma que en el fuero de familia, una mera denuncia, de violencia de cualquier tipo, basta para dictar una orden de restricción contra el progenitor señalado, una perimetral o prohibición de acercamiento, que corta de cuajo los vínculos parento filiales, con consecuencias costosas e irreversibles para la salud psicofísica de los afectados y en especial de los menores.

“La Ley no es mala, pero no se cumple”, decía al sitio Infobae hace un par de años el ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Mizrahi.

Ante una denuncia de violencia familiar, los jueces tienden a cubrirse dictando de inmediato una cautelar que excluye abruptamente al progenitor denunciado de la vida del niño. En cambio, rara vez cumplen con el siguiente paso que fija la norma y que debe darse a las 48 horas de dictada la cautelar: una audiencia para escuchar a la parte denunciada. Esto es crucial, decía Mizrahi, porque cualquier magistrado con algo de experiencia puede percibir la veracidad de una denuncia.

Cabe recordar que recientemente María del Rosario Rocca había quedado en el ojo de la tormenta por una causa donde una madre que realizó una falsa denuncia se llevó a sus hijos de forma ilegal a Brasil. No se sabe dónde están e Interpol se tuvo que involucrar en la búsqueda.

María del Rosario Rocca había interpuesto un impedimento del contacto, por el cual el padre lleva más de un año sin ver a sus hijos. Se trataba de una denuncia por abuso que finalmente se cayó a nivel penal. No había ningún elemento para sostenerla.

Pero a los pocos días de enterarse que la causa penal se había archivado, le notificaron al padre que la madre se había llevado ilegalmente a sus hijos a Brasil.

Este accionar de Rocca llevó a que muchos la comparen con la jueza del caso Lucio Dupuy.

Los defensores del dogma de que a la denunciante hay que creerle afirman que las denuncias falsas son tan ínfimas que no constituyen un tema relevante. Esto es falaz. Si, como admite Rocca, las denuncias, incluso ante la fuerte presunción de su falsedad, no se verifican, la cifra es imposible de precisar.

Además, el progenitor falazmente acusado, una vez que logra establecer su inocencia, si lo logra, está psíquicamente tan agotado, y quizás también económicamente afectado- que ya no quiere oír hablar de ningún litigio más. Porque la justicia no investiga esto de oficio. Es el damnificado el que tiene que interponer a su vez una denuncia contra quien lo difamó. Obviamente, casi ninguno tiene la energía para hacerlo.

Tal vez la iniciativa de agravar las penas por denunciar falsamente, impulsada por la senadora Carolina Losada disuada a los cónyuges en litigio de apelar a este mecanismo, hoy prácticamente gratuito y muy redituable.

El actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que “se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente”, y apuntó contra los “daños irreversibles” de las falsas denuncias, que “destruyen a una persona”.

La jueza Rocca admite que la veracidad o no de una denuncia no es relevante: “El punto es que hay que trabajar con seriedad este tema, porque detrás de una denuncia falsa, hay diez que son verdad”. Una de cada diez, no es poco, y de todos modos es un porcentaje arbitrario puesto que, como vimos, no se investiga: “Si a mí me traés diez medidas (cautelares de exclusión) y una es falsa, igual la voy a terminar sacando, pero se desdibuja la verdadera protección”, reconoce.

Fuente: La Plata1