“Los denunciantes somos investigados, estamos en el mundo del revés”

La investigación sobre el uso irregular del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que preside Patricia Bullrich para financiar su campaña comenzó con un allanamiento ordenado por el fiscal Carlos Stornelli. Hasta allí uno podría ilusionarse con un rapto de “justicia” de parte del rebelde fiscal.

Sin embargo, el allanamiento ordenado por el funcionario público fiscal estuvo dirigido a la Inspección General de Justicia (IGJ), que curiosamente fuera denunciante en la causa que involucra en primera persona a la precandidata presidencial del PRO.

El origen

El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, habló con diario Hoy y explicó el inicio de la denuncia contra Bullrich: “Se trata de una investigación sobre el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) perteneciente a Patricia Bullrich, que teóricamente tenía como objetivo la investigación en seguridad, pero la realidad es que estaba inactivo y funcionaba como una pantalla porque no tenía actividades. Se reflotó y, de tener $700 en el año 2019, pasó a tener $90 millones en 2022, lo cual implica que activó esta institución y la utilizó para recaudar para su candidatura para este año”.

Según el informe, el IEES empezó a recibir grandes sumas en los comienzos de la campaña, con la excusa de encuentros/almuerzos que eran presentados como seminarios y donaciones de grandes empresas. En rigor eran eventos proselitistas, como incluso consignaron varios medios de provincias por donde Bullrich estuvo de visita. En el mismo período, reveló la IGJ, la asociación pagó pasajes, catering, alquiler de salones y hasta las cuatro líneas de teléfono a nombre del partido de Bullrich, Unión por la Libertad, fusionado con el PRO.

“La investigamos por 90 días, 400 personas de diferentes departamentos legales la investigamos. Todos los datos los sacamos de la constancia de la inspección pero fundamentalmente donde nos entregaron la documentación con toda la actuación entre 2022 y 2023. Descubrimos una estafa fabulosa que viola la ley del financiamiento de los partidos políticos”, explicó Nissen.

El allanamiento

El fiscal Stornelli, quien quedó a cargo de la causa por el presunto desvío de fondos de la asociación civil que dirige la precandidata Patricia Bullrich hacia su campaña presidencial, decidió comenzar su investigación con una orden para allanar al denunciante, que es la IGJ.

Llegaron los agentes de la Policía Federal y dos colaboradores de Stornelli en la sede de Paseo Colón 285. La excusa era llevarse el expediente administrativo en el que se basó la denuncia por defraudación y violación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La IGJ se había negado a entregar en un comienzo la información porque había recusado tanto al fiscal como al juez, Sebastián Ramos, a quienes vinculó con sectores del PRO, que Bullrich lidera, y esto no estaba ni está resuelto. La respuesta fue mandar a buscar todo por la fuerza.

“Tendría que haber hecho el allanamiento en el local en Avenida de Mayo -sede del IESS- pero no, lo hacen contra nosotros. Stornelli es un lacayo de ella, con el agravante de que nos pidió la lista de funcionarios que trabajaron en esa resolución, con un accionar mafioso que estaba fuera de cualquier legalidad”, señaló el titular de la IGJ, quien además contó que le pidieron los pendrives con los 21 cuerpos de la denuncia, los cuales debieron entregar. “No le dimos la lista de los empleados porque le dije que este es un organismo muy importante, que tiene 400 personas donde todos colaboran y es producto del esfuerzo de todo el mundo”.

Nissen apuntó además: “Los únicos que sufrimos las consecuencias somos los denunciantes, es el mundo del revés. Estamos en manos de una persona que dijo que le habían tirado por la ventana un gendarme, todos sabemos cómo actuó esta mujer y como actúa Stornelli”.

En ese sentido, el funcionario recordó que ya se hizo otra presentación en nombre de Bullrich a través de la abogada Silvina Martínez.

Los “eventos” facturados 

De acuerdo a la investigación de la IGJ, quienes pusieron plata para estos “eventos” fueron cerca de 400 personas (humanas y jurídicas), en su mayoría vinculadas a los rubros agroindustrial, seguros y bancos, entre otros.

Según revela la colega de Página 12, Irina Houser, también aportaron dinero dos casinos de Santa Fe (Casino Melincué SA y Casino Puerto Santa Fe SA), lo que según la IGJ constituiría una estrategia para “violar las disposiciones y prohibiciones de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos”, que impide contribuciones de quienes exploten juegos de azar.

Esa norma, además, tiene límites anuales -de acuerdo a la cantidad de electores registrados- que se pudieron haber burlado. La denuncia penal planteaba que, a través del IEES, Bullrich “procuró para sí un lucro indebido” al utilizar “dineros que no son de su propiedad y que no fueron aportados a partido político alguno para afrontar gastos de su propia y particular campaña”. El desvío de fondos de una asociación civil es una forma de defraudación.