Misterio y ocultamiento en el autocine

El silencio y el misterio nunca son buenos amigos de las ganas de saber. Y con eso se encuentra quien quiera entender los pormenores del funcionamiento del autocine en la ciudad, algo que no extraña, ya que es una marca registrada en la gestión de Julio Garro.

Cuando este multimedio pidió al secretario de Coordinación del Municipio acceso al texto del contrato de concesión del autocine (si es que fue concesionado) o a la norma que lo rige, Oscar Negrelli, el otrora diputado combativo de la Coalición Cívica-ARI, respondió que aún faltaba una “validación administrativa de toma de conocimiento”.

Ante la respuesta del funcionario garrista, este diario preguntó: “¿Por qué, si todos los pasos administrativos no están completos, el autocine se encuentra en funcionamiento?”. El secretario, lejos de poner luz sobre el tema, se dedicó a atacar a quien le preguntaba, diciendo que “es importante que conozcas las instancias de la administración pública y luego poder hacer una objeción sobre bases fundadas de cumplimiento o no de dichas instancias”.

Claramente, la intención de Negrelli era la de mantener el secreto sobre un funcionamiento que no se cuestionaba desde la pregunta, pero del que se pretendía saber, porque de otra forma existiría una respuesta sencilla y contundente a la pregunta de por qué el autocine estaba funcionando si aún no se habían cumplido todos los trámites administrativos pertinentes.

Pero esto no es nuevo: presupuesto, licitaciones, concesiones y para cualquier tema sobre el que la comuna no quiera dar precisiones, siempre hay alguna excusa para evitar dar claridad. Y si para muestra basta un botón, hasta hace algunos años, quien quisiera saber sobre el proyecto de Presupuesto que el Municipio iba a presentar ante cada ejercicio se encontraba con una respuesta del estilo: “El proyecto aún no fue presentado; cuando así sea, va a estar disponible en la fotocopiadora de 11 y 51”.

Parece ser que en el Municipio no tenían computadoras y hacían un presupuesto de 500 páginas en una vieja Remington. Luego le entregaban una copia del carbónico al dueño de la fotocopiadora para que concejales y periodistas adquirieran las copias necesarias para evaluarlo.

Esa maniobra, que estaba claramente estudiada y fue llevada adelante también por la administración Bruera, para poner piedras en el camino de quienes tenían que evaluar el proyecto que se presentaba, cambió cuando Julio Irurueta hace unos años, y ante la queja de los periodistas y concejales opositores, digitalizó el presupuesto. Un logro que podría haberse dado con la invención del Office en 1989 y que tardó casi tres décadas en aterrizar en la “muni”.

Pero el de Irurueta fue solo un gesto en una actitud gatopardista, porque, a pesar de ello, nada ha cambiado y la “no digitalización” de los proyectos del Concejo Deliberante es un reclamo constante de los concejales de una ciudad que nació para marcar un horizonte de progreso en la historia de la provincia de Buenos Aires, y que, con este tipo de actitudes, marca un atraso que avergonzaría a Dardo Rocha.

Pero, saliendo del ejemplo del presupuesto y volviendo al autocine, su denominación Auto Flap hace pensar que quien tiene a cargo la concesión es el propio Municipio, ya que durante todo 2019 promovió seis festivales con esta denominación, entre los que estaba un encuentro de autocine en la República de los Niños, el 21 de julio de ese año.

Si este fuera el caso, y la comuna tuviera a cargo las veladas cinéfilas sobre ruedas, no estaría mal que los ciudadanos platenses, que pagan $1.000 de entrada (fueron $800 en la inauguración) supieran el destino del dinero aportado a las películas, pero por ahora eso es un misterio del que Negrelli prefiere no decir nada.

Finalmente, otro punto que llama la atención sobre el accionar poco claro de la comuna es cuando se busca una respuesta a este interrogante en la web oficial, se accede a la pestaña “Transparencia” y se va a la solapa “Datos abiertos”. Una vez dentro, la pretensión de quien quiera saber sobre esto es la de ingresar a la parte de “Cultura”, pero increíblemente un error en el servidor lo impide. Algo conveniente si la pretensión es la de no dar a conocer “datos abiertos” sobre el autocine de “La Repu”.

La cuenta es sencilla: con 191 plazas a 1.000 pesos cada una, son casi 200.000 pesos que entran a la comuna por cada función (si los espacios disponibles están llenos). Para saber si van a las arcas municipales o al bolsillo de un ­concesionario no debería tener que realizarse un trabajo detectivesco; debería bastar con que desde el Municipio pusieran blanco sobre negro en relación con el tema y dejaran de apagar los incendios con nafta, dando lugar a una especulación que ellos mismos promueven con sus actitudes de ocultamiento.

LOS HECHOS

Venta de tickets en el autocine de “La Repu”: revival de la frivolidad menemista

Lo que sucede hoy en la República de los Niños tiene reminiscencias de tiempos en los que las cosas no terminaron bien para nuestro país: tiempos de favoritismos, descontrol y privatizaciones, que sembraron la semilla de la bomba que explotaría en 2001.

El empresario Sebastián Walter Almeida, quien actualmente forma parte del directorio de la firma Candid SA (encargada de la venta de tickets en la República de los Niños), fundó en 2018 la empresa Seekwork SRL, en sociedad con Marcelo Omar Mazzini y María Victoria Fassi Lavalle. Ambas empresas, Candid y Seekwork, tienen el mismo domicilio: Habana 3463 de Capital Federal.

María Victoria Fassi Lavalle es la hija del empresario y exsecretario de Turismo durante la presidencia de Carlos Menem, Omar Fassi Lavalle, quien estuvo detenido durante dos años y fue condenado, junto con su mujer y madre de María Victoria, Elizabeth “Liz” Mazzini, por una millonaria evasión impositiva.

Ambos fueron un ícono de la corrupción menemista de la década del 90 y de la frivolidad que se vivía por aquellos años. Tras los escándalos y la prisión de ambos (dos años para Omar y apenas dos días para Elizabeth) el matrimonio terminó en divorcio, aunque por cuestiones que se desconocen Liz decidió conservar el apellido.

En 2003, gran parte de los bienes de quienes fueran dueños de dos locales exclusivos de la Costanera porteña como Sky Ranch y El Paraíso (muy frecuentados por ricos y famosos) fueron rematados por la Justicia.

En la lista de acusados en el juicio por evasión también figuró el hermano de Liz, Marcelo Omar Mazzini (tío de María Victoria), quien hoy es socio de Sebastián Walter Almeida, uno de los dueños de Candid SA.