Organizaciones sociales presentaron un habeas corpus contra el protocolo de Bullrich

El habeas corpus colectivo presentado por referentes del Partido Obrero (PO) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) tuvo como objetivo apuntar contra el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y el ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.

Este miércoles, será el primer día que se utilice el protocolo anunciado por Bullrich ante la marcha convocada por la Unidad Piquetera para la tarde que se desarrollará desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.

Por su parte, Néstor Pitrola, diputado nacional electo del Partido Obrero del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y referentes de organismos de derechos humanos presentaron el habeas corpus preventivo y colectivo ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 13 a cargo del Juez Subrogante, Gustavo Miguel Pierretti.

En un comunicado, el PO afirmó este martes: “Ante el nuevo protocolo anti piquete de la ministra Bullrich, y las amenazas televisivas que la misma realizara durante los últimos días”, enunció y continuó: “Estamos ante la suspensión de garantías y derechos constitucionales que el nuevo gobierno piensa avasallar”.

En palabras de Néstor Pitrola, se señaló que “la resolución de Bullrich implica en los hechos el dictado de un Estado de Sitio no declarado y por tanto anticonstitucional. Los manifestantes de mañana saldrán a defender un derecho alimentario afectado por el carácter hiperinflacionario de las medidas adoptadas, mientras se congelan planes sociales y salarios y jubilaciones son literalmente pulverizados”.

Asimismo, en el texto, solicitaron que “se deje sin efecto de manera inmediata la Resolución 943/2023” del Ministerio de Seguridad, que afecta “la libertad ambulatoria e integridad física” de los que se movilizarán.

Cabe mencionar que la presentación judicial lleva la firma de Pitrola, Pérez Esquivel, la coordinadora nacional del Serpaj, Elizabeth Quintero, y de la abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha, Liliana Alaniz.

En referencia a lo planteado, el dirigente del PO sostuvo que, por un lado, “el protocolo es ilegal porque afecta el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la protesta que también es constitucional”.

Por último, el diputado por el PO destacó: “Esperamos una resolución favorable de la Justicia Penal. Sin embargo, somos conscientes que el pueblo va a salir a defender su derecho a manifestarse ganando las calles”.