Pablo Moyano denunció una organización de tráfico de influencias liderada por Conte Grand

A través de su abogado Víctor Hortel, el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, denunció “la existencia de una organización de tráfico de influencias creada entre los años 2016 y 2017 -cuyos efectos aún perduran- estructurada dentro del ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con la asistencia y colaboración de funcionarios aún no suficientemente identificados, pertenecientes al área del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires en connivencia con miembros del Poder Judicial y del Ministerio Publico Fiscal. Su finalidad es procesar y/o encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas, y en algunos supuestos los abogados que intervenían en las defensas, extremos que se encuentran plenamente acreditados, cuanto menos, en el ámbito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora”.

Según el escrito presentado por el letrado, las operaciones denunciadas consistieron en “instar denuncias falsas; generar testimonios mendaces mediante instigación, extorsión, amenazas y/o apremios; e infiltrar en la defensa de personas detenidas a abogados pertenecientes contratados para influir en los testimonies falsos”.

Además indica que se manipuló “con fraude procesal material probatorio como evidencias digitales mediante procedimientos ilegales” y se emplearon “medios periodísticos para la masiva difusión de las actuaciones tendiente al escarnio público de sus víctimas y se emplearon ilegalmente fondos del erario público para financiar las actividades descriptas”.

También incluyó en la denuncia al fiscal Sebastián Scalera, “cuyas irregularidades -según dijo- no tienen límite”, entre otros representantes del Ministerio Público Fiscal.

En la denuncia se recordó que el procurador, Julio Conte Grand, reiteradas veces hizo pública su intención de que los fiscales detuvieran a Pablo Moyano. Citó en ese sentido diversas publicaciones periodísticas y sus propias expresiones en el programa de TN “A dos Voces” cuando aseguró que “existen evidencias suficientes para que Pablo Moyano sea detenido y que podía revertirse el principio de la libertad en el proceso por el de la prisión preventiva”.

Moyano resaltó que recientemente el juez Gabriel Vitale hizo referencia ante el Congreso de la Nación que, mediáticamente, lo habían convertido en un “mafioso” a instancias de Julio Conte Grand, “merced a la colaboración de sus megamedios periodísticos: Clarín y La Nación”.

El procurador también fue acusado por el juez de Garantías, Luis Carzoglio, en el marco del rechazo que en su momento hizo del pedido de detención de Pablo Moyano que había solicitado el fiscal Adjunto de Lomas de Zamora, Scalera, por entender que el gremialista era líder de una asociación ilícita. Según Carzoglio, la solicitud del funcionario judicial era inconsistente, presentaba contradicciones y no argumentó el peligro que la investigación se lleve adelante con el líder de Camioneros libre.

En la denuncia se reproducen las declaraciones y denuncias del fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari. Según él, Conte Grand “disponía de una unidad especial para armar causas contra personajes del ámbito político contrarios al macrismo. Denunció además que Conte Grand impulsó el armado de varias de ellas y habilitó presiones a jueces mediante espionajes ilegales para detener a dirigentes gremiales y políticos opositores a Cambiemos. Ferrari explicó que el procurador, a través de una UFI de Delitos Complejos, “llevó adelante acciones de espionaje ilegal”.

Destacó la denuncia el tratamiento dado por la Procuración General a las escuchas telefónicas -entre Pablo Moyano y su abogado Llermanos- ordenadas en la causa “que debieron ser custodiadas por Scalera y terminaron en manos del periodista Luis Majul”.

Sobre las acusaciones que se hicieron contra Moyano, su letrado advirtió que “no se determinó siquiera en una hoja, en un testimonio o en una pericia que Pablo Moyano haya defraudado al club (Independiente). Al contrario. Su gestión recibió un club quebrado y lo convirtió en superavitario. La posible existencia de entradas de favor no es atribuible a Moyano ni tampoco puede decirse que obtener de una institución privada ese tipo de beneficio sea delito”.

“No hay evidencia de Moyano mediante el uso de violencia física, verbal y/o con armas de fuego, a las autoridades de organismos estatales y/o privados encargadas de la seguridad de los eventos deportivos, como también a directores técnicos, integrantes del cuerpo técnico, jugadores de fútbol y algunas autoridades dirigenciales del Club Atlético Independiente”, consignó.