Promulgaron la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

El Gobierno nacional promulgó ayer la ley que establece el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y castiga la corrupción empresarial ante delitos de cohecho, tráfico de influencias, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, entre otras.

La norma, firmada por el Presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Justicia, Germán Garavano, fue convertida en ley el mes pasado por la Cámara de Diputados, luego de que el Senado aplicara algunos cambios al proyecto original. Una de las reformas que introdujeron los legisladores está referida al plazo para avanzar en un juicio por corrupción, en cuyo marco se eliminó el artículo que establecía la imprescriptibilidad de estos delitos, equiparándolos con los de lesa humanidad, y se limitaron las causas por las cuales podían ser investigados funcionarios y empresarios. En este sentido, la Cámara alta estableció que la Justicia podrá investigar todos los delitos de cohecho (pago de coimas), tráfico de influencias nacional o transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión (exacciones ilegales), enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.

De acuerdo a la iniciativa, toda acción penal prescribirá a los seis años de ocurrido el delito, y en caso de deceso del actor físico del mismo, el proceso contra las persona jurídica continúa. Además, prevé penas que van desde multas hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas con el Estado nacional a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.