Se judicializa la elección del Consejo de la Magistratura

El próximo 18 de octubre, jueces y académicos deberán elegir quiénes serán los próximos integrantes del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, las candidaturas en estos dos sectores ya trajeron aparejados algunos inconvenientes.

Los jueces y abogados deberán elegir cuatro representantes por estamento para realizar la primera renovación del Consejo, luego de la ampliación de sus integrantes de 13 a 20, tal como lo dispuso la Corte Suprema de Justicia.

Se estima que 160.000 abogados y 2.700 jueces sean los que emitan su voto para elegir entre las listas que responden al oficialismo, la oposición o que se consideran independientes.

La “Lista Bordó”, la más crítica del oficialismo nacional en la Justicia, lleva como primer candidato al Consejo a Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y a Marcelo Martínez De Giorgi como suplente. Por su parte, la “Lista Celeste”, más cercana al Gobierno, va con Alberto Lugones (actual integrante del organismo) en la cabeza y tiene como suplente a Eduardo Farah, juez de la Cámara Federal de Comodoro Py. La tercera lista de jueces es “Compromiso Judicial”, que tiene a Eduardo Machín, juez de la Cámara Comercial, como primer candidato, y lleva como apoderada de la lista a Karina Perilli, jueza de un Tribunal en lo Penal Económico.

La polémica por las candidaturas

El candidato de “Compromiso Judicial” Eduardo Machín impugnó la candidatura de Lugones. Lo hizo ante la junta electoral de la Asociación de Magistrados y luego ante la Justicia electoral.

Según Machín, Lugones no puede presentarse como candidato en este nuevo período porque no se contempla la reelección en la ley que regula el funcionamiento del Consejo.

Lugones fue dos veces presidente y una vez vicepresidente del cuerpo, pero todo ello dentro del esquema de 13 miembros que la Corte vetó por inconstitucional.

El candidato de la “Lista Celeste” apeló a la impugnación de Machín ante la jueza electoral María Servini, quien terminó dándole la razón al considerar que, como se trata de un nuevo Consejo tras el cambio de composición ordenado por la Corte, se debe considerar como un primer período y no una reelección.

Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades nacionales y provinciales, consagró este jueves al abogado y doctor de la Universidad de La Plata, Guillermo Tamarit, como su representante ante el Consejo, junto al secretario académico de la Universidad de Lomas de Zamora, Hugo Galderisi.

Sin embargo, a fines de septiembre, el decano y la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Leandro Vergara y Silvina Nonna, presentaron un amparo para que se declarara la inconstitucionalidad de la elección de los consejeros.

Para ellos la elección del consejera debe ser directa, con el voto de todos los profesores, y no por la vía del Colegio Electoral como dispuso el CIN.

El pedido de Vergara y Nonna fue rechazado por el juez en lo contencioso administrativo federal, Santiago Carrillo, quien recordó que el consejero designado debe ser “elegido por sus pares” y que no especifica el método que debe usarse.

La Corte decidió en diciembre pasado que el Consejo era inconstitucional y conminó a sus miembros a adecuarse a su fallo en 120 días, un plazo que finalmente fue con las dificultades de todo proceso electoral agravadas por lo exiguo de los tiempos.

Recién a fines de mayo, con la jura del senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes, se culminó con el proceso de adecuación y el Consejo puede volver a enfocarse en su función central: elegir y remover magistrados.