Tragedia en Costa Salguero

Time Warp: para el fiscal hubo complicidad del Estado

Federico Delgado afirmó que en la fiesta electrónica que terminó con cinco muertos hubo un triángulo envuelto por el Estado que incluyen al concesionario del predio, la empresa que organizó el evento y la que abastecía de bebidas. También le apuntó a las fuerzas de seguridad

El fiscal federal Federico Delgado señaló ayer que en la causa que investiga la muerte de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp hay "un triángulo envuelto por el Estado" que incluyen al concesionario del predio, la empresa que organizó el evento y la que abastecía de bebidas.

Además, reveló que a una semana de la tragedia "aún estamos buscando los molinetes que registraban cuanta gente ingresaba porque la empresa de seguridad se los llevó".

Delgado apuntó que con la información recabada en "teléfonos secuestrados de la propia organización" surge que "en un grupo de whtasapp entre ellos hablan de 20 mil personas".

El fiscal explicó que en la causa hay que "responder dos preguntas básicas: Si la empresa que organizó la fiesta alquiló el predio y contrató un proveedor de bebidas, en tal caso sería un empresario que asumió un riesgo para esa fiesta, o si estamos ante una sociedad" entre ambos.

Delgado indicó que hay un "triángulo formado por ‘Costa Salguero, que es el concesionario del predio; la empresa que organizó el evento y la firma que abastecía de bebidas a la fiesta, la empresa del agua", Block, representada por el abogado Victor Stinfale. "Como una envoltura de todo esto es el papel del estado", añadió.

Sobre el rol estatal, alertó que "tiene dos dimensiones: una municipal que tiene que ver con las habilitaciones" que se ajustan a las normas y "después hay que ver si la realidad las viola, las tuerce o las ignora". "Ese es el papel de los inspectores que debían controlar la cantidad de personas que ingresaban", advirtió.

Vera: “El verdadero capo mafia es Víctor Stinfale”

Respecto a la tragedia ocurrida en la fiesta electrónica en Costa Salguero, el legislador porteño y titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera aseveró que  “el verdadero capo mafia es Víctor Stinfale”.

Vera denunció “un holding de sociedades para encargarse de todos los aspectos de la fiesta, con una venta de pastillas que corre por cuenta y cargo de los organizadores de la fiesta”.

Según el legislador, el titular de Dell Producciones, la organizadora de la fiesta, comparte sociedades con Viviana Fasano, pareja del abogado penalista Víctor Stinfale.

Para el titular de La Alameda la fiesta fue habilitada como “una fiesta privada”, “como si fuera el casamiento de mi tía, pero para 13.000 personas”, lo que Vera interpreta como un objetivo de establecer “una zona liberada” de los controles del Estado.

“La revisación en la puerta era exhaustiva porque no querían competencia” en la venta de drogas, añadió Vera.

A Stinfale lo relacionan con boliches en la costa y tendría intereses en la conocida disco Pacha, además de ser el dueño de la bebida energizante Speed y del agua que se vende en esta clase de fiestas, que no es mineral sino filtrada.

Según denunció Vera, Stinfale operaría en la movida de las fiestas a través de sus dos testaferros, Adrián Conci, dueño de la empresa Dell Producciones, y Martín Gontad, el llamado "rey de la electrónica".

Denuncia tardía de la Prefectura

Delgado apuntó a Prefectura Naval al indicar que "a las 3 am (del sábado) tenía una bolsa llena de pastillas y al juez de turno le avisó que tenía esa bolsa a las 11 del otro día".

"Nadie puede vender drogas en un espacio poblado por fuerza de seguridad sin que, al menos, miren para otro lado", señaló.

En tanto, el empresario que organizó el festival, Adrián Conci, uno de los propietarios de Dell Producciones, seguía anoche prófugo aunque con voluntad de someterse a la indagatoria que ordenó el juez federal Sebastián Casanello.

Así lo indicó su polémico abogado platense, Fernando Burlando, quien el martes expondrá ante la cámara de apelaciones sobre su queja a la negativa a la exención de prisión de su cliente.

Fiel a su estilo de defender lo indefendible, especialmente políticos y empresarios acusados de corrupción, Burlando estimó que Conci podría "concurrir en libertad a la indagatoria" en la causa que investiga la intoxicación con drogas y confió en que explique "por qué metió más gente de la que tenía que meter y por qué no había agua en momentos en que tenía que haber agua".

EN FOCO

Cuando los negociados priman sobre la vida de los jóvenes

Desde hace años, muchas veces en absoluta soledad, el diario Hoy viene denunciando a los responsables políticos del exponencial crecimiento exponencial de la venta de drogas en Argentina . En ese contexto, el trágico episodio en la fiesta electrónica denominada Time Warp, en las que cinco jóvenes perdieron la vida, necesita que se haga justicia.

El presidente Mauricio Macri no puede hacerse el desentendido ante lo sucedido en su pago chico. Durante los ocho años en que fue jefe del Gobierno porteño debió tomar nota de lo que sucedía con el negocio de la droga en su territorio. La realidad es que poco y nada hizo para combatir este flagelo: por eso, la villa 1 11 14 es uno de los principales centros narcos del país, a punto tal que existen numerosas cocinas de drogas que son custodiadas por un ejército de más de 300 sicarios.

Los mercaderes de la muerte se instalaron en nuestro país con absoluta impunidad en estos últimos años y provocan tragedias a diario. Bien es sabido, por ejemplo, el impacto que tienen sustancias como el paco entre los sectores más desposeídos, el que además de producir la muerte de los consumidores y dejar a sus familias devastadas, también extiende el drama a las víctimas de la inseguridad en hechos protagonizados por adictos que pierden todo tipo de sensibilidad.

Respecto al consumo sin control de pastillas en las fiestas de música electrónica debería salir a dar explicaciones el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a quien indudablemente le cabe una responsabilidad muy similar a la que tuvo el kirchnerista Aníbal Ibarra en la tragedia de Cromañón.

Más temprano que tarde, si realmente se busca terminar con la impunidad en la Argentina, las más altas autoridades porteñas deberán ser indagadas sobre la ausencia de controles en la fiesta de la muerte y por los oscuros negociados que se tejen a costa de la vida de los jóvenes.