Plata sucia: la Cámara decide si jefes policiales van a la cárcel

Por la causa que investiga el origen del dinero hallado en 36 sobres en la sede de la Departamental La Plata, la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, dictó la medida privativa de libertad para el exjefe Darío Camerini, su segundo, Rodolfo Carballo, al jefe de operaciones, Ariel Huck, al secretario, Walter Skramowskyj y de la oficial administrativa María Ramírez

La Cámara de Apelaciones de La Plata debe decidir en las próximas horas si deja detenidos a los dos jefes y tres oficiales de la Departamental La Plata, involucrados en la causa que investiga el origen de más de 153 mil pesos distribuidos en 36 sobres hallados en esa sede el 1º de abril pasado, ante la sospecha de que provienen de un pago sistemático de coimas provenientes del juego, narcotráfico, desarmaderos ilegales prostitución y servicios de seguridad “truchos”.

Es que los abogados defensores  de los policías apelaron lo ordenado por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, la que pidió la detención del ex titular de la Jefatura Departamental La Plata, Darío Camerini; el ex segundo jefe, Rodolfo Carballo; su secretario, Walter Skramowskyj; el jefe de operaciones, Ariel Huck, y la oficial administrativa María de los Ángeles Ramírez.

Como se recordará, Garmendia actuó a pedido del fiscal Marcelo Martini, y ahora la Cámara debe contemplar los pedidos de eximición de prisión presentados por las defensas de los efectivos imputados.

A Camerini, Carballo, Skramowskyj y Huck la Justicia les imputó el delito de "asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión", en tanto Ramírez está acusada de "encubrimiento agravado".

Una fuente judicial explicó que el criterio de la justicia para hacer efectiva la detención es que la medida quede firme, es decir que transcurra el plazo que tienen las partes para apelar o, en caso de apelación, que la Cámara la confirme.

Además, el ministerio de Seguridad provincial desafectó del servicio a los cinco policías lo que implica que se le reduce a la mitad su sueldo y se les retira el arma reglamentaria.

Una denuncia anónima

La causa se abrió el 1º de abril cuando en una inspección a la Jefatura Departamental platense de descubrieron 36 sobres que contenían en total 153.700 pesos.

La investigación se había iniciado en febrero último por el fiscal Martini en base a una denuncia anónima de un efectivo policial en actividad a Asuntos Internos, que informaba sobre movimientos de dinero en la sede policial situada en la calle 12, entre 60 y 61.

Ante el hallazgo de esa suma, un vocero judicial indicó que se inició una pesquisa tendiente a identificar su procedencia y su destino, para lo cual pidió que cualquier persona que haya sido objeto de un reclamo económico por parte de policías se presente y radique la denuncia.

"Es dinero malhabido", sostuvo Martini en alusión a lo encontrado en los sobres y agregó que se trataría de "dinero de coimas para brindar seguridad, de la venta de droga, la prostitución".

En el allanamiento se detectaron 35 de los sobres cerrados y uno abierto que contenían dinero, varios de los cuales estaban rotulados con el nombre de una dependencia policial.

Insólita respuesta de director penitenciario al fiscal Romero

El fiscal platense Marcelo Romero presentará este lunes una denuncia penal contra el director de la Unidad 9 La Plata por incumplimiento al deber de funcionario público luego de un insólito caso: el magistrado citó a indagatoria a un detenido alojado en esa cárcel y el jefe penitenciario le mandó un escrito donde afirmó que “no lo iban a mandar porque al preso no le gusta el fiscal”.

"Que un preso diga 'no voy a porque no me gusta el magistrado', y los penitenciarios lo dejen tranquilo en su celda es algo nunca visto", dijo Romero.
El magistrado ironizó: "Los agentes penitenciarios tal vez creyeron que se trataba de una invitación a tomar un cafecito en mi despacho para una charla de amigos y no un comparendo oficial de un magistrado".

Romero había convocado para ayer –"por oficio y con autorización del Juez de Garantías", aclara- al interno Hernán Alfredo Bracco, para que prestase declaración indagatoria en la causa n°47.558, por los delitos de "estafas reiteradas y asociación ilícita".

Al ver que el recluso no llegaba, Romero pidió a sus asistentes llamar al penal para averiguar qué pasaba. La respuesta, insólita e inédita, llegó vía fax. Funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense le informaron, por escrito, lo siguiente: "Que el interno no iba a comparecer porque no quería saber nada con ese magistrado" (sic), en referencia al mismísimo fiscal.

"Un inculpado puede recusarme, pero no negarse a asistir a una indagatoria", concluyó Romero.

El sospechoso nivel económico de Masana

Tal como lo adelantó el diario Hoy ayer, para el Ministerio de Seguridad bonaerense el hallazgo de 36 sobres con dinero en la Departamental La Plata tiene relación directa con el robo a la casa del intendente Julio Garro, ocurrido el 2 de marzo pasado.

Es que para la cartera que conduce Cristian Ritondo son ocho los policías desplazados en la causa de los sobres e incluyó a los cinco mencionados en la nota principal de esta página a Marcelo Cifuentes, Carlos Arias y Miguel Patricio Masana.

Cifuentes era el comisario de la Primera y Arias su segundo, en tanto que Masana era el coordinador de las horas extras.

Justamente Masana está detenido por el violento asalto en la finca de Garro en el country Grand Bell, acusado de ayudar a los  ladrones, de los que no se sabe nada, a escapar.

Como se recordará, Masana era vecino del intendente y cuando le allanaron la casa secuestraron unos 200 mil pesos, drogas, armas y formularios de horas adicionales que realizan los policías.

El ahora expolicía Masana ganaba 18 mil pesos por mes y no pudo explicar ante la fiscal Virginia Bravo cómo hacía para alquilar una vivienda por 40 mil pesos, pagar expensas por 8000 mil pesos y tener una camioneta de alta gama de 1,5 millones de pesos.

Recaudaciones ilícitas y los mismos jefes policiales son los protagonistas de este escándalo que denota el alto grado de corrupción reinante en el sistema de seguridad local con canales abiertos hacia la cúpula.