La dura política de derechos humanos de Milei

El 12 de junio, la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores desa­tó violentos disturbios en las inmediaciones del Congreso. La votación concluyó con un empate en 36, resuelto por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien argumentó su voto afirmativo “en nombre de los argentinos que sufren”.

Paralelamente, los manifestantes, inicialmente pacíficos, comenzaron a repudiar lo sucedido tras las puertas del Congreso luego de conocerse el resultado. Enfrentamientos entre los presentes y fuerzas de seguridad causaron caos en las calles aledañas, especialmente en la Plaza de los Dos Congresos, donde hubo varios heridos y diversos vehículos fueron incendiados.

Los disturbios duraron toda la tarde, con enfrentamientos intensos entre la Policía y diferentes grupos sociales, piqueteros y partidos de izquierda. La fuerza de seguridad, utilizando balas de goma, gas pi­mienta y camiones hidrantes, logró dispersar a los manifestantes, aunque estos regresaban continuamente desde diferentes accesos. La violencia disminuyó al caer la noche, pero dejó un saldo de 27 detenidos y daños significativos en la zona.

Tras finalizar la violenta afrenta, el Gobierno y las autoridades de seguridad celebraron el operativo que permitió continuar la sesión legislativa “sin interrupciones”. La ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, expresaron su “satisfacción” y prometieron que “los responsables del caos serían sancionados”. Sin embargo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura criticó el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte de la Policía, señalando que muchos manifestantes resultaron heridos.

La situación se mantuvo tensa durante horas, con constantes reagrupaciones de los manifestantes y reiterados intentos de la policía por controlar el área. A pesar de los disturbios, el debate en el Senado continuó, con varias mociones para interrumpir la sesión debido a la violencia externa.

Finalmente, el área quedó bajo control policial y el Gobierno emitió un comunicado “felicitando el manejo del operativo”. Por otra parte, el Ministerio Público informó que demandaría por los costos del operativo, que incluyeron los daños en el mobiliario urbano, estimados en casi 100 millones de pesos.

Repudio al accionar del Gobierno

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, criticó fuertemente a la administración libertaria por la “represión indiscriminada” ocurrida en el Congreso durante la votación de la Ley Bases. La titular de Abuelas expresó su preocupación por la situación, destacando que “hay mucha gente inocente detenida” y que es esencial que los diputados y senadores “defiendan la libertad del pueblo”.

Asimismo, Carlotto llamó a la organización ciudadana a “oponerse a la represión” y enfatizó que “todos tienen derecho a pensar y expresarse en democracia”.

Tras los incidentes, 33 personas fueron detenidas y acusadas de graves delitos, incluyendo sedición y acciones terroristas, por el fiscal Carlos Stornelli.

Ante esta situación, Carlotto sugirió que los verdaderos “terroristas” eran aquellos que “implementaron el operativo represivo” y no los manifestantes arrestados.

La referente social expresó que la Argentina atraviesa un “momento muy delicado y horrible” en el cual la “democracia está en peligro”, y criticó a Milei por “no cumplir con la voluntad popular y actuar de manera individualista”.

Además, instó a denunciar las irregularidades y recordó que el Ejército “debe proteger a la gente, no reprimirla”.

“Violaciones a los derechos humanos”

Las repercusiones no tardaron en llegar y en hacer eco de la “violación a los derechos humanos”. Victoria Montenegro, legisladora porteña, denunció “violencia institucional” y las deplorables condiciones en las que se mantuvieron a los detenidos, especialmente las mujeres en el penal de Ezeiza. Relató que estas personas durmieron en el suelo, sin acceso a higiene, alimentos o abrigo, calificando la situación como “inadmisible” en una democracia.

Montenegro convocó a una ­concentración en Plaza de Mayo para exigir la liberación de los detenidos y denunciar las irregularidades en el operativo policial. Sumado a esto, criticó que no fueron recibidos en los tribunales de Comodoro Py durante la movilización de ­familiares y organismos de derechos humanos.

También cuestionó el clima de “temor y represión”, señalando que los detenidos, que incluyen empleados, docentes y trabajadores domésticos, “fueron trasladados a penales de máxima seguridad sin fundamentos claros”.

La legisladora apuntó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha promovido la idea del “enemigo interno” para justificar acciones represivas. Además, señaló que el fiscal Carlos Stornelli solicitó la vuelta a prisión de excarcelados, acusándolos de “terrorismo y golpe de Estado”, agravando la situación institucional.

Por otra parte, Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, también condenó las detenciones y denunció violaciones a los derechos humanos. Asimismo, destacó que “se están imputando delitos graves sin fundamentos sólidos”, creando un clima de miedo para desincentivar futuras manifestaciones.

Uno de los detenidos y luego liberado, Nicolás Mayorga, quien fue baleado en una pierna, apaleado y amenazado, afirmó: “Dormimos como animales, esposados y al aire libre”. Luego contó que fueron forzados a firmar papeles que no llegaban a leer, o documentos en blanco, y que el jueves pasado tuvieron la posibilidad de comunicarse telefónicamente con familiares por el espacio de cinco minutos y con un policía al lado, violando toda privacidad.

Finalmente, la jueza María Servini de Cubría ordenó la liberación de 11 detenidos y desestimó las acusaciones del fiscal Carlos Stornelli, quien los había acusado “sin pruebas claras”. Ante esto, Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que llevó el caso a instancias internacionales para su investigación, elogió la decisión y denunció que Stornelli “actuó en favor del Ejecutivo”.