El régimen de Ortega y Murillo disuelve Cruz Roja de Nicaragua y confisca sus bienes

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado la disolución de la Cruz Roja de Nicaragua, una organización humanitaria creada en 1931, cuando la ciudad de Managua fue sacudida por un terremoto y luego arrasada por un incendio. La primera secretaria del Parlamento, la diputada sandinista Lorna Dixon, remitió este miércoles una iniciativa de ley que no solo deroga el decreto fundacional del organismo, sino que mandata confiscar los bienes de la asociación y “traspasarlos” al Ministerio de Salud (Minsa).

El principal argumento del sandinismo es que la Cruz Roja Nicaragüense se rige por los “principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad”. El régimen alega que la asociación de Nicaragua “actuó contra esos principios” en 2018, el año de las masivas protestas sociales contra la pareja presidencial. En ese entonces, la organización humanitaria se volcó a las calles a curar y a atender a los miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar.

“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta Asociación actuaron en contra de estos principios y de su Acta Constitutiva y Estatutos; y la Asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales”, indica el documento aprobado por los legisladores sandinistas.

El Gobierno también sostiene que la Cruz Roja Nicaragüense ha incumplido “sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley N° 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)”, al no presentar “estados financieros, balance contable, declaración fiscal, falta de verificación de sus donantes y proveedores de fondos, información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación”. Es decir, las mismas alegaciones que el régimen de Ortega y Murillo ha hecho en contra de las 3.290 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que han decapitado desde 2018 por no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, una de las normativas para acallar a y desarticular a la sociedad civil.