Alquileres: la entrada en vigencia de la ley y el impacto en los inquilinos

Hace solo tres días que entró en vigencia la nueva Ley de Alquileres, la cual mantuvo en vilo a todo el país y que luego de idas y vueltas terminó siendo aprobada de una manera diferente a la que había sido planteada por Juntos por el Cambio desde un principio. En ese aspecto, luego de tanta expectativa, los inquilinos hablaron con distintos medios de comunicación y plantearon sus posturas al respecto.

Si bien en un principio existía la posibilidad de que las modificaciones conlleven la creación de nuevos contratos con una duración de dos años y una actualización de los valores cada cuatro meses, finalmente, se terminó resolviendo que los acuerdos seguirán siendo de tres años, pero con ajustes semestrales.

Fue gracias a que el pasado 10 de octubre, la Cámara de Diputados le dio luz verde al proyecto en cuestión en medio de una maratónica sesión especial, en la que se debatieron dos iniciativas, una impulsada por el Frente de Todos (FdT) y otra de Juntos por el Cambio (JxC).

Tras una acalorada discusión, los legisladores presentes en el recinto terminaron convalidando los cambios que habían sido incluidos por el Senado de la Nación luego de que la propia Cámara baja realizara modificaciones en primera instancia.

Finalmente se aprobó el proyecto que ya contaba con media sanción. Con 128 votos afirmativos, 114 negativos y sin abstenciones, la norma recibió el visto bueno.

Tras esto, desde distintas organizaciones de inquilinos salieron de inmediato a dar a conocer sus opiniones respecto de esta nueva medida y, así, algunos se mostraron aliviados y otros consignaron que es necesario otro tipo de acciones complementarias que sirvan para garantizar el cumplimiento de la Ley, entre otras cosas.

En este caso, con las modificaciones mencionadas sobre la normativa, se determinó que el mecanismo de actualización del precio de los alquileres deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Entre los beneficios para propietarios, se incluye que los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo. Las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10 por ciento del monto anual del contrato de locación.

La voz del sector inquilino

En diálogo con este medio, desde la Asociación Platense de Inquilinos (API) remarcaron la importancia de aplicar una serie de medidas complementarias para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley, ya que el problema es que “nadie la cumple”.

En ese sentido, pusieron el foco en que “hay que seguir luchando por la creación de un órgano de control, que es lo que está faltando y lo que no se ha construido en estos años”, y además agregaron: “Una vez que ese órgano de control exista, vamos a poder decir que hay una ley que se cumple”.

De esta manera, Diego Fernández Camillo, el referente de la asociación, dejó en claro su propuesta de “crear una Secretaría Nacional del Alquiler. Porque necesitamos que el Estado se empiece a acercar o se deje de correr, porque cuando el Estado se corre, lo que hace es darle lugar al mercado”.

Por su parte, la cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, Magalí Zirulnikoff, al hablar con la prensa señaló: “Unas 10 millones de personas alquilan en la Argentina, una parte del Congreso consideró su perspectiva. La propuesta del bloque de Juntos por el Cambio (JXC) y sus aliados no beneficiaba tampoco a los propietarios y, en cambio, parecía favorecer los intereses de los 35.000 corredores inmobiliarios, que representan menos del 1% de la población del país. Esta discrepancia subraya la marcada asimetría en el poder entre el sector rentista y los inquilinos”.

Al mismo tiempo, agregó: “Las familias inquilinas no tienen otra opción que pagar precios que exceden sus posibilidades económicas, mientras soportan las diferentes formas que toma la violencia habitacional, firmando contratos por fuera de la ley, hacinándose en viviendas precarias, pagando aumentos ilegales y cláusulas abusivas, realizando y pagando reparaciones que legalmente están a cargo de la parte rentista, y enfrentando el lock out in­mobiliario que deja a la población inquilina sin la posibilidad de rescindir el alquiler o mudarse por no encontrar alternativas para alquilar”.

En tanto, Natalia Ranzuglia, miembro de Inquilinxs Tres de Febrero Red de Inquilinas Bonaerenses, destacó que “a pesar de numerosos obstáculos, logramos ser escuchados y que nuestras propuestas fueran consideradas en la regulación de los alquileres. Pero todo este esfuerzo será en vano si no se designa una autoridad de aplicación y, sobre todo, si no se aborda de inmediato la cuestión fundamental: garantizar el acceso a la vivienda, ya sea a través de la propiedad, el alquiler u otras modalidades, es una responsabilidad que debe asumir el Estado a nivel nacional, provincial y municipal. La creación de un espacio de diálogo en este sentido es esencial”.