“En un juicio normal, se tendría que haber desistido de la acusación contra Mariano Bruera y otros ex funcionarios municipales”

Es lo que sostienen los abogados defensores y todo profesional que se interesa por ver el juicio que se viene desarrollando en la sede judicial de calle 8. Un breve repaso del juicio que comenzó el 16 de Febrero asiste razón a los abogados.

Todo empezó con la declaración del denunciante que culpó  en el juicio a media ciudad de La Plata menos a los acusados de quienes dijo no conocer ni haber tenido ningún contacto.

Luego vino el turno de los allanamientos negativos en el municipio por el que declararon la instructora de fiscalía Julia Martinez y sus auxiliares que manifestando no haber encontrado ninguna prueba de los hechos investigados y menos aún algún dato probatorio contra los acusados.

Las funcionarias judiciales declarantes no afirman pero suspicazmente deslizan la posibilidad de un aviso previo al allanamiento y que como consecuencia de ello los allanamientos resultaron negativos. Pero del supuesto aviso previo omitieron decir que hubo una investigación judicial exhaustiva, en la que tuvo que intervenir el propio Procurador de la Corte Julio Conte Grand y que también dió negativo el supuesto aviso previo de allanamientos.

La resolución judicial que dictaminó que no hubo ningún aviso previa fue investigado por 4 fiscales distintos. Todos concluyeron que no hubo tal aviso previo.

En el otro tramo del juicio se tomó como elemento probatorio el secuestros de computadoras a los denunciados y condenados que desligan a los acusados absolutamente pero donde si se encontraron referencias directas con datos incriminatorios de dirigentes de distintos partidos políticos que no fueron investigados.

La cuestión de las escuchas y llamados aparecía como el punto más determinante aportado por la fiscalía pero las defensas son las que insisten con esta prueba porque están realizadas originalmente en cassettes, sin ningún tipo de cadena de custodia, guardados en una caja de oficina sin faja y escritos a lápiz, por lo cual fue planteada una exclusión probatoria que se rechazó en 24 hs. Pero lo más significativo es que las transcripciones tergiversan el contenido de las llamadas y fueron absolutamente descontextualizadas. Las conversaciones también se transcribieron parcialmente, utilizando partes que pudiera servir para la acusación pero ocultando las partes que las desestiman.

Además uno de los acusados se insiste en que se pasen sus audios y para ello tuvo que llevar su propio pasacassette porque en el tribunal no se disponía del dispositivo reproductor, pero tampoco coincidieron los cables y se tuvo que volver con el aparato a su casa y sin poder reproducir las grabaciones.

Finalmente los testigos propuestos por la fiscal niegan rotundamente lo que se había transcripto en el acta de allanamiento.

A todo esto hay que agregarle que las acusaciones se hacen con un total desconocimiento del procedimiento administrativo y las facultades municipales o se acusa invocando un procedimiento falaz.

Nada, absolutamente nada de lo ventilado en estas casi 3 semanas del juicio vincula a los denunciados y los hechos investigados con los acusados. Solo un interés de índole extrajudicial nos puede hacer pasar por esta instancia judicial.

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