Estados Unidos respaldó a Argentina por el caso YPF
Con un documento dirigido a la Corte de Nueva York, solicitó que se rechacen las sanciones pecuniarias por desacato contra el país.
El Departamento de Justicia estadounidense pidió a la jueza Loreta Preska rechazar las sanciones solicitadas por los demandantes en la causa por YPF. En el escrito, advirtió sobre el impacto diplomático de litigar contra Estados soberanos.
Se trató de un texto de 29 páginas donde la administración de Estados Unidos argumentó que los procesos judiciales contra países extranjeros pueden generar consecuencias en la política exterior y afectar la reciprocidad que reciba Washington en tribunales de otros países.
El documento también señaló que los requerimientos de información dirigidos a funcionarios de alto rango vinculados a entidades públicas presentan tensiones con los principios de cortesía internacional que rigen este tipo de controversias.
De manera explícita, el texto sostuvo que las medidas solicitadas (sanciones procesales, inferencias adversas y penalidades económicas) no se ajustan a la Foreign Sovereign Immunities Act ni a los criterios de trato entre naciones, por lo que recomendó su rechazo.
A su vez, la presentación destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
La respuesta al Estado argentino
La Procuración del Tesoro de la Nación subrayó que el acompañamiento internacional refleja la consistencia técnica de las presentaciones oficiales, basadas en normas del derecho internacional y en el principio de inmunidad soberana.
El organismo recordó que durante más de dos años el país entregó más de 115.000 páginas de documentación en el marco del proceso de producción de pruebas, sin que los demandantes lograran acreditar sus acusaciones.
En paralelo, el Estado pidió suspender esa etapa probatoria; tras la negativa de la jueza, recurrió ante la United States Court of Appeals for the Second Circuit. Las partes ya presentaron sus argumentos y se espera una resolución.
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