Las exposiciones de sectores de la cultura y la ciencia desnudaron todos los perjuicios de la Ley Ómnibus

En el plenario de comisiones del Congreso de la Nación, la palabra autorizada de expertos como el prestigioso investigador del Conicet Alberto Kornblihtt, el actor Jorge Marrale y el abogado ambientalista Enrique Viale dejaron en evidencia los verdaderos intereses que persigue la norma impulsada por el Ejecutivo.

El proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que viene debatiéndose en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, se encuentra en momentos donde diferentes expositores de todos los ámbitos tienen la oportunidad de dar a conocer la opinión de los sectores que representan en torno a este proyecto que envió el Presidente Javier Milei sobre el cual llueven los cuestionamientos.

La cultura sí la ve

Jorge Marrale, presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), comenzó su alocución recordando escenas memorables de El secreto de sus ojos, La historia oficial, Nueve reinas y Argentina, 1985, y alabó la existencia de “una política cultural sostenida por trabajadores, entidades, normas e instituciones” que hoy está “en grave riesgo”. En relación con el proyecto, detalló que el artículo 350 del capítulo 2 afectará directamente a la entidad y señaló que “el cobro y la distribución de derechos de propiedad intelectual está reconocido como derecho alimentario por la jurisprudencia argentina; no es un privilegio”.

El actor criticó la gestión individual que propone la Ley Ómnibus calificándola como “un canto de sirenas que debilita a creadores e intérpretes”, y describió los problemas que sufre el colectivo con “altas tasas de desocupación y trabajo intermitente”. “Una gestión colectiva fuerte empodera a los titulares de derechos”, dijo, y aclaró que estas entidades “no reciben aporte alguno del Estado”. También se pronunció en contra del cierre o ­desfinanciamiento de instituciones como FNA, INT, Enerc, Incaa, Inamu y Conabip. “Estos organismos son parte de la cultura nacional. ¿Qué justificación tiene su eliminación?”, cuestionó.

En tanto, Santiago Mitre, director y guionista de Argentina, 1985, argumentó que “Argentina es el país con más nominaciones en la región porque hay una ley de cine” que fomenta la actividad. Entre las virtudes de la industria destacó la generación de “divisas, trabajo de calidad y valor agregado”, y se preguntó ante el auditorio: “¿Por qué queremos destruir eso?”.

Mitre no solo destacó las grandes producciones, sino también las “películas pequeñas hechas con presupuestos acotados que sostienen ese prestigio”, como Trenque Lauquen, de Laura Citarella, elegida como mejor película del mundo en 2023 por Cahiers du Cinéma. También celebró las ventajas del Incaa como “organismo autárquico, ajeno a los caprichos del poder político de turno”, y desmitificó prejuicios sobre los fondos: “No está relacionado con el presupuesto nacional, se autoabastece. El cine no pide plata, pide que se mantenga la ley que permita seguir autofinanciándose”.

“Los científicos somos parte de un Estado virtuoso”

El prestigioso investigador del Conicet Alberto Kornblihtt, durante su exposición, advirtió: “Con el presupuesto de 2023 no llegamos a pagar los sueldos de Conicet en junio; no va a haber plata para mantener a los 300 institutos federales”, señaló. En efecto, si como está previsto se replicase la misma partida que se empleó el año pasado sin modificaciones, “empezarán a caducar los equipos costosos, y no se podrá pagar la luz, el gas, la limpieza ni la vigilancia”. Con la actual inflación, la capacidad de respuesta será nula.

Kornblihtt reivindicó la centralidad del rol estatal en un modelo de nación que apueste al conocimiento. “Los científicos somos parte de un Estado virtuoso, trabajador y comprometido con el país”, observó el bioquímico y biólogo molecular.

El profesor emérito de la UBA se definió con orgullo como “un hijo de la educación pública” y remarcó que todo su trabajo fue posible gracias al financiamiento recibido del Conicet y de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. En esta línea, “la licuación por ajuste y la galopante inflación de los montos de becas y los salarios de los investigadores, técnicos y administrativos de ciencia y técnica, todos obtenidos por rigurosos concursos, está llevando sin perspectiva de reversión por parte de las autoridades a la pauperización de los trabajadores del sector”, describió.

“Los científicos estamos preocupados desde que el entonces futuro presidente Milei dijera por TV que cerraría el Conicet porque los científicos no producimos nada. Estamos preocupados por medidas que consideramos una condena de muerte a las capacidades nacionales que son fundamentales para las posibilidades de desarrollo futuro”, destacó Kornblihtt.

Regresiones ambientales con nombre y apellido

“La propuesta de reforma de la Ley Ómnibus es profundamente inconstitucional. Violenta el Estado de derecho, ataca la República y representa una enorme regresión ambiental”, dijo Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa).

En ese marco, afirmó: “Olas de calor, tormentas devastadoras, incendios y sequía histórica son el resultado de modelos de (mal) desarrollo ignorando la crisis climática. El negacionismo de esta ley nos puede salir carísimo, solo los impactos de la sequía de 2023 se estiman en 20.000 millones de dólares. La Ley Ómnibus amenaza el futuro de nuestra salud, nuestras aguas y nuestro aire”.

Durante la exposición, el abogado apuntó primero contra el magnate y padrino del Presidente Javier Milei: “Con el cambio en la Ley de Bosques perdimos 8 millones de hectáreas, una provincia como la de Entre Ríos desde que se autorizó la soja transgénica”, y continuó: “Pero tiene nombre y apellido esto, Eduardo Elsztain, ese donde el Presidente está alojado, el padrino del Presidente, es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de Argentina, casi un millón de hectáreas tiene. Cresud, Eduardo Elsztain y el que pide que se cambie la Ley de Bosques a su medida, 120.000 hectáreas ya desmontó, seis veces la ciudad de ­Buenos Aires”.

“Otro beneficiado, Mauricio Macri, a través de Socma, en la finca Yuto ya desmontó 6.000 hectáreas, y quiere desmontar 10.000 más, y este proyecto se lo hace a medida Mauricio Macri. Otro, Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, ya desmonto 500 hectáreas en Santiago del Estero, y tiene miles de hectáreas para desmontar”.

En cuanto a la Ley de Glaciares, advirtió: “Pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, la reforma tiene nombre y apellido y es Barrick Gold, que lo viene pidiendo hace años; lo escribieron los abogados de Barrick Gold el cambio en la Ley de Glaciares”.

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