Los “cuadernos de las coimas” también complican a la familia presidencial

“La posible existencia de sobreprecios en la obra pública no se circunscribe al kirchnerismo, sino a décadas de cartelización de la obra pública”, aseguró ayer el senador Pino Solanas, luego de presentar una denuncia penal ante el juez Julián Ercolini contra el el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; Carlos Wagner (Esuco), Héctor Zavaleta (Techint), Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Juan de Goycoechea (Isolux), además de Aldo Roggio, Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Armando Loson (Grupo Albanesi). 

Es que para Solanas, tras el escándalo de los “cuadernos de las coimas”, esto “recién se abre”.

“No podemos creer que  los empresarios denunciados (por presunto pago de sobornos para obtener contratos) hayan sido objeto de extorsión alguna”, aseguró, al tiempo que aseveró que la familia presidencial, con su firma Socma, “está metida en el caso”.

“Se debe investigar a Calcaterra y la venta de su empresa Iecsa. Son bien conocidos los mecanismos societarios que usan habitualmente ciertos empresarios, para ocultar ganancias, fugar capitales, y obtener beneficios indebidos a través de la cartelización de obras contratadas con el Estado”, postuló Solanas. 

Los empresarios denunciados, recordó el senador, “se acogieron a la figura del arrepentido, en razón de supuestamente haber entregado diversas sumas de dinero por varios millones de dólares a funcionarios del Estado Nacional, durante los gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Y remarcó en su acusación que “las sumas entregadas corresponden a posibles sobreprecios en la realización de distintas obras públicas realizadas desde los años 2003 hasta el 2015, y con el objeto de ser beneficiarios de las mismas en las correspondientes licitaciones, o eventualmente contrataciones directas que se habrían realizado”.

En otras palabras, el arrepentimiento no puede ser garantía de impunidad, ni para kirchneristas ni macristas. Por eso, Solanas advirtió que todavía se debe investigar a los empresarios por el origen de los fondos que admitieron haber entregado a funcionarios públicos. “Existe una cuestión obvia, que surge del arrepentimiento de los denunciados, y es, que el dinero que entregaron a  los distintos funcionarios no podía ser declarado por las empresas que dirigían, por tratarse de dinero que iba a ser utilizado en fines ilícitos”.