Nuevo escándalo de corrupción salpica a la mano derecha de Ricardo Echegaray

Una auditoría interna de la Aduana investiga un millonario fraude al Estado con la importación de tablets. La operatoria se agravó mientras Guillermo Michel se desempeñaba en el organismo. La trama oculta que involucra al cuestionado exfuncionario K

Guillermo Michel es la sombra y álter ego del multidenunciado extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Con él aprendió a poner en práctica los aprietes del organismo recaudador contra jueces, políticos y medios de comunicación críticos al kirchnerismo, de los que, incluso, Hoy fue víctima.   

Pero, tal como le enseñó su jefe, la vara debía ser distinta para los amigos K, aunque ello implicara millonarios perjuicios para el Estado. Esto quedó expuesto una vez más en una reciente auditoría interna realizada por la Aduana, a donde Michel llegó por intermedio de Echegaray en marzo de 2015.

Ese año, el país registró un fuerte incremento de ventas de tablets -un mercado en crecimiento desde 2013-, al punto que en fechas especiales llegó a comercializarse una por minuto y se vendieron 1.300.000 unidades.

De acuerdo a la investigación del organismo, un grupo de empresas se habría beneficiado importando grandes cantidades del aparato pero pagando en concepto de aranceles aduaneros mucho menos de lo que correspondía, evadiendo millones de pesos.

Es que, en el caso de la importación de tablets, la alícuota va de 2 % a 35 %. Pero las firmas investigadas por la Aduana pagaron sólo por el arancel del 2 %, o sea el porcentaje más bajo. Así, por esa diferencia del 33 %, el Estado dejó de percibir $ 714.938.000.

La indiferencia oficial a la operatoria no fue casual: entre las empresas mencionadas figura Grupo Núcleo, que pertenece a Juan José Levy, un empresario ligado a la industria farmacéutica, ampliamente favorecido por las licitaciones de la Anses para la provisión de productos tecnológicos durante el kirchnerismo. Levy, además, tiene fuertes vínculos con el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y se le sospechan nexos con Lázaro Báez, al punto que podría ser investigado en el marco de la Ruta del dinero K.

Esta decidida “vista gorda” para los amigos forma parte de una laxitud de controles que Michel practicaba en la AFIP, trasladó a la Aduana, y, buscaría perpetuar en la Auditoría General de la Nación (AGN), el organismo que debe controlar el último tramo de la gestión de Cristina Kirchner y del que, producto de los múltiples procesos judiciales que enfrenta, fue suspendido Echegaray. 

Pero Michel resiste allí, en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la AGN como lo que siempre fue: el segundo del exrecaudador y, al igual que él, con una catarata de denuncias en su contra.

Entre narcos y fantasmas

En tiempos del kirchnerismo, Guillermo Michel fue subdirector general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP, hasta que el 2 de marzo de 2015, por intermedio de Ricardo Echegaray, llegó a la Aduana, desde donde habría cumplido un rol trascendental en el circuito de ingreso y egreso de drogas a la Argentina.

En su contra pesan denuncias por lavado de dinero a través de empresas fantasmas, vínculos con la exSIDE y conexiones con personajes pesados como Carlos Alberto Salvatore, un abogado que, en el marco de la causa Carbón Blanco, fue condenado por haber lavado decenas de millones de dólares del narcotráfico a través de empresas fantasmas. 

Varias de esas firmas, según pudo comprobar Hoy, llevaban la firma de Ana Cristina Palesa, abogada que también ha certificado compañías del propio Michel y mano derecha de Echegaray. También nuestro diario reveló que la cuestionada Palesa le puso su rúbrica a la empresa Sanis SRL, encabezada por el abogado Guillermo Adolfo Heisenger, uno de los apresados en el marco del caso Narco-arroz, por el que se pretendían exportar ilegalmente más de 20 kilos de cocaína, desde Rosario, a España y Portugal.

A su vez, desde estas páginas hemos informado, como parte del prontuario de quien hoy se atrinchera en la AGN, los vínculos con Jorge Lambiris, un empresario uruguayo amigo y socio de Echegaray que hace 15 años estuvo preso por piratería del asfalto y que se dedicaría a gestionar depósitos fiscales a través de testaferros.

Contra las cuerdas en la AGN

Meses atrás, la diputada de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, pidió a la Oficina Anticorrupción que se analicen las declaraciones juradas, se evalúe la “evolución patrimonial” y un “eventual enriquecimiento ilícito” de funcionarios designados por Ricardo Echegaray en la Auditoría General de la Nación.

Fue entonces que Lilita solicitó que se evalúen las declaraciones juradas de Guillermo Michel -en tanto secretario Ejecutivo de Presidencia-; Silvana Patricia Quinteros (secretaria de Actuaciones Colegiadas); Roberto Javier Ceferino Propato (secretario Legal Institucional); Julián María Coronel (jefe de Gabinete de Presidencia) y Ricardo José Marino (subgerente de Transferencias).

“A lo largo de las distintas designaciones del actual Presidente de la Auditoría General de la Nación, específicamente en la Aduana, la ONCCA y la AFIP, Echegaray acudió a los mismos colaboradores, parientes y allegados de la política. Sus nombres se repiten”, apuntó Carrió, y disparó contra Michel: “Debemos aclarar que es un hombre sospechado en ser especialista en el armado de empresas fantasmas, muchas vinculadas a los servicios de inteligencia”.