Prisión preventiva para un empresario vinculado a lavado de dinero por extorsión y espionaje

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó con prisión preventiva a un empresario argentino residente en Italia, acusado de millonarias maniobras de lavado de dinero como parte del grupo delictivo que integraba el detenido abogado Marcelo D’Alessio.

Se trata de Aldo Eduardo Sánchez, quien llegó extraditado al país desde Panamá a principios de enero. Sánchez, de 50 años, nació en la localidad santafesina de Totoras y se radicó en Italia.

El empresario tenía pedido de captura internacional desde mayo de 2020, y en diciembre último fue localizado en República Dominicana, desde donde intentó llegar sin éxito a Estados Unidos, pero fue detenido en una escala en Panamá.

El empresario quedó procesado como presunto miembro de una asociación ilícita “dedicada a efectuar de forma organizada, con división de roles específicos y de manera continuada en el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen ilícito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen ilícito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulación en el mercado”, según consta en el procesamiento.

Y por ello el juez ordenó el congelamiento de activos de todas sus cuentas bancarias, depósitos en efectivo, fondos comunes de inversión, valores y títulos, y dispuso su inhibición general de bienes.

Ramos Padilla lo procesó como parte del grupo “Buenos Aires”, una pata de lo que considera una “organización criminal” especialmente dedicada a “la realización de maniobras delictivas financieras transnacionales por montos varias veces millonarios en moneda extranjera, donde también están acusados, además de Sánchez y D’Alessio, Ricardo Bogoliuk, Pablo Bloise y Marcelo González Carthy de Gorriti.

Las maniobras de lavado de activos quedaron al descubierto a raíz del ­análisis de un grupo de WhatsApp encontrado en el teléfono celular de D’Alessio, donde se descubrió, entre otras, una operación por 500 millones de euros.

Los procedimientos buscaban dificultar “tanto la trazabilidad de los verdaderos emisores y receptores de los fondos como conocer su verdadero origen”, sostuvo Ramos Padilla.