¿Puede ir preso el Presidente?

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tantas penurias carga sobre las espaldas de todos nosostros, le costó, al menos, una imputación al presidente Mauricio Macri, al ministro de Economía y vocero ante el Fondo, Nicolás Dujovne, al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y al presidente del Banco Central, Luis Caputo. 

La decisión la tomó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien consideró necesario investigar la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a que las negociaciones emprendidas no contaron con el aval del Congreso. Por eso, el fiscal le solicitó al juez federal Julián Ercolini una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa y también que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI.

Di Lello intervino a partir de dos presentaciones judiciales realizadas por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en el presupuesto y sin pasar por el Parlamento.

“Todo arreglo sobre  la deuda externa tiene que pasar por el Congreso, porque así lo manda la Constitución. Más aún, cuando se trata de un préstamo como este, por US$50.000 millones, que ni siquiera tuvo el consenso de todos los sectores”, precisó a diario Hoy Lozano.

Además de la denuncia penal por presunta violacion de los deberes de funcionario publico y abuso de poder, los dirigentes presentaron un amparo para que se suspenda el acuerdo que, tal como consideran, es “violatorio de derechos humanos fundamentales como el trabajo, la salud, la educacion y de todas aquellas condiciones que se deterioran por la caída del empleo, el salario y el aumento de la pobreza”.

Mientras que el Gobierno trató de justificar el acuerdo en una ley heredada del menemismo, Lozano aclaró que a partir de la reforma constitucional de 1994 cualquier tipo de relación con los organismos multilaterales de crédito debe ser discutida previamente en el Congreso.

 “Lo que hicieron Macri y sus ministros es inconstitucional y por eso el fiscal nos dio la razón”, aseveró el economista, a la vez que anticipó que, tras la decisión del Gobierno de renegociar el acuerdo para que el Fondo anticipe o amplíe los fondos pactados, sumará nuevas denuncias. “Cada decisión es más leonina que la anterior, en la medida en que acelera el ajuste, aumenta la desigualdad y violenta más derechos”, sentenció el exdiputado nacional.

Pero, ¿por qué el apuro del Presidente y sus funcionarios? ¿Por qué el manotazo de ahogado desesperado de ir al Fondo, sin el aval del Congreso y desdeñando los costos lacerantes de tal decisión?

Lozano encuentra la respuesta en lo que ayer publicó este medio: “Argentina está al borde del default y la intervención del FMI enmascara ese escenario, al que llegamos producto de medidas del Gobierno como la bicicleta financiera y la salida de capitales sin proponer un plan de desarrollo que genere empleo y recursos”. Ayer, el riesgo país  (que indica que el mercado tiene incertidumbre acerca de la capacidad de pago de la deuda del Gobierno) subió hasta los 734 puntos.

Para intentar salir de ese intríngulis, la espiral generada es poco menos que demencial: “La estrategia de salir del default yendo al FMI, empuja al país a la recesion, haciendo caer el salario y el empleo. Por eso hay que ponerle un freno”. En esa grieta que separa al Presidente y el FMI de la gente deberá arbitrar ahora la Justicia. Y decidir de qué lado está.