Rechazan planteos del intendente de Pinamar en la causa por el robo de tarjetas Alimentar

El intendente del partido bonaerense de Pinamar, Martín Yeza, seguirá imputado en la causa abierta por el desvío de fondos de un programa asistencial del Gobierno nacional por parte de funcionarios de su municipio por más de dos millones de pesos, ya que el juez rechazó dos pedidos suyos para que el expediente sea declarado nulo y para que, en su defecto, pase a la Justicia ordinaria.

El magistrado, Martín Bava, subrogante en el Juzgado Federal de Dolores, está a cargo de la causa en que se investiga la maniobra de desvío de fondos correspondientes a tarjetas Alimentar destinadas a familias de bajos recursos. Bava había citado a Yeza para que prestara declaración indagatoria, pero el abogado defensor del jefe comunal, Ignacio Jakim, presentó en su nombre sendos pedidos para declarar la nulidad del juicio y la incompetencia jurisdiccional del propio juez.

Al ser rechazados ambos planteos, el trámite seguirá en la Justicia federal, con Bava a cargo, y Yeza continuará imputado.

El ilícito que se investiga es la utilización indebida de tarjetas Alimentar que estaban en la sede municipal pinamarense a la espera de ser entregadas a los beneficiarios del programa de asistencia del Estado nacional, pero en lugar de eso fueron utilizadas indebidamente por funcionarios de la administración municipal, por un monto total de más de dos millones de pesos.

En una carta pública, el intendente había sugerido que su imputación respondía a una maniobra del kirchnerismo para “desestabilizar” la situación política en Pinamar, y había dicho que no se le había informado de qué se lo acusaba. El juez Bava detalló ahora los motivos de la imputación: se le atribuye “haber ayudado al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito”.

Más específicamente, se le imputa, “en su carácter de funcionario público, no haber ejecutado las leyes y normas cuyo cumplimiento le incumbía en función de su cargo, haber ayudado al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito, no haber no individualizado al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole y haber ayudado a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta”.

“Los sucesos que se endilgan al imputado tienen relevancia por cuanto se han cometido prima facie durante su desempeño como ­funcionario público a cargo del municipio de Pinamar y mientras se ejecutó el Programa Nacional Tarjetas Alimentar, cuya implementación estuvo a cargo de ese municipio, de modo tal que no resulta susceptible de ­escisión”, consideró el magistrado a cargo del expediente.

“Recordemos que la hipótesis de investigación radica en que estamos ante una organización de personas que –de modo coordinado, permanente, estable, con roles y funciones diferenciadas, y mediante maquinaciones y ardides– se dedicó a cometer delitos”, subrayó el juez subrogante en Dolores.