Siguen apareciendo familiares de Macri en los Panama Papers

Ahora se conoció que una fiscalía de Alemania reportó datos sobre cuentas off shore de dos hermanos del Presidente, Gianfranco y Mariano. También aparece vinculado un socio de Ángelo Calcaterra, primo del mandatario y contratista del Estado 

E hecho ocurrió en septiembre, pero se conoció ayer. El Ministerio Público Fiscal recibió hace tres meses, desde Alemania y por medio de Interpol, datos sobre dos hermanos del Presidente Mauricio Macri y otras 67 personas, más 11 empresas o sociedades, sospechados de realizar maniobras de lavado o evasión tributaria.

Los movimientos puestos bajo la lupa fueron reportados desde una fiscalía de ese país sobre cuentas y sociedades off shore de Gianfranco y Mariano Macri, quienes aparecen vinculados a operaciones societarias y de dinero de las compañías BF Corporation SA y EQT SA, creadas en Panamá y Uruguay, en combinación con activos depositados en el banco UBS Deutschland.

De acuerdo a la Fiscalía de Hamburgo, esas sociedades vinculadas a los Macri acumularon uno o más reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado en el sistema financiero alemán, lo que se potenció tras la irrupción de los Panama Papers, los documentos confidenciales de una firma de abogados panameña que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) hizo públicos, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

La información fue girada por el Ministerio Público Fiscal a la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Vínculos estrechos

Junto a los datos sobre movimientos millonarios asociados a los Macri, la Fiscalía de Hamburgo reportó a Juan Ramón Garrone, socio o directivo en varias empresas, entre ellas la constructora Iecsa, del primo del presidente, Ángelo Calcaterra, beneficiada constantemente con onerosos contratos de obra pública.

De acuerdo a la investigación germana, Garrone aparece como beneficiario final de una cuenta bancaria con un saldo superior al medio millón de dólares, que figura a nombre de Somerset Capital Investment Ltd, con sede en las islas Vírgenes Británicas y dirección en Uruguay.

Eso no es todo. Desde Alemania también reportaron datos sobre Federico Zin, actual director nacional de Relaciones con el Sistema Financiero, dentro del Ministerio de la Producción.

Con toda la información recibida desde Alemania, la Procelac inició múltiples investigaciones que terminaron en la redacción de 21 denuncias penales por presunto lavado o supuesta evasión, remitidas al fuero Penal Económico.

Los datos sobre los Macri tuvieron otro destino. Y es que, como el mandatario y sus familiares ya son investigados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado como consecuencia de los Panama Papers, la Procelac optó por remitirles la información a los magistrados para expandir la pesquisa.

Peña, sobre el blanqueo de parientes: “Ensancha el criterio de igualdad ante la ley”

Operar con sociedades y cuentas off shore no configura un delito en sí mismo en la Argentina, siempre y cuando los activos se encuentren declarados ante la AFIP. En caso contrario, pueden configurar los delitos de lavado de activo y evasión tributaria, entre otros.

En base a este precepto es que varios dirigentes de la oposición cuestionan la medida del Presidente Macri de haber permitido por decreto blanquear capitales a familiares de funcionarios.

Al respecto, la Red 92 consultó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo que el objetivo de esta medida es “ensanchar en un criterio de igualdad ante la ley a la mayor cantidad de gente”.

“Cuanto mejor sea este sinceramiento fiscal, mejor estará la economía, porque, justamente, brinda una nueva oportunidad al país de agrandar su base tributaria, de salir de este esquema de alta evasión que ha generado la Argentina, que es prácticamente único en el mundo por su dimensión”, consideró ayer en conferencia de prensa.

En ese sentido, insistió en que el decreto “no exime de ninguna responsabilidad penal, de lavado de dinero, de ninguno de los delitos que pueden tener la presunción de que el funcionario tenga algo que ver con la corrupción”.