Se reanuda el juicio a una martillera acusada de la venta ilegal de un terreno

El Juzgado Correccional n.°1 de La Plata, a cargo del juez subrogante Patricio Marcelo Gandulfo, reanudará el próximo lunes, con los alegatos de las partes, el juicio oral a Marta Edith Cardulli, una martillera y corredora pública acusada de vender ilegalmente un terreno ubicado en el barrio Parque Sicardi.

Según la investigación del fiscal Jorge Paolini, entre los días 5 al 13 de enero del 2015, la imputada y titular de la Inmobiliaria Cardulli instrumentó una cesión de derechos posesorios de manera apócrifa, por la cual la denunciante –Silvia Sberna- recibió de José Abel De Maio los derechos posesorios de un lote ubicado en calle 10 entre 668 y 669.

Días después de formalizada la cesión, la víctima se hizo presente en el lugar; pero allí encontró un cartel que decía “propiedad privada” y un número de teléfono. Entonces, la mujer llamó al mencionado número, cuyo titular le comentó que él era el propietario del terreno y que tenía la documentación que así lo acreditaba.

En su declaración, el supuesto vendedor aclaró no haber realizado dicha cesión de derechos posesorios, a la vez que agregó que no fue ni es titular ni poseedor de terreno alguno. Además de esa irregularidad, de acuerdo con la investigación, se sumó que el presunto ­poseedor que antecedió a De Maio “es un tal Fernández, cuyo DNI no coincide con los demás datos ­identificatorios”.

“La imputada, en su calidad de martillera y corredora pública, no pudo desconocer la ilegalidad de la cesión finalmente transmitida a la denunciante, ya que no existió documentación alguna acreditante de las sucesivas transmisiones que justificaran el derecho en cabeza de De Maio”, argumentó el fiscal. En su calidad de particular damnificada, Sberna está representada por el abogado Gastón Nicocia.

Asimismo, mediante oficio solicitado a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), se constató que el terreno es propiedad de Miguel Sicardi. Cardulli afronta cargos por el delito de “defraudación”, y cuenta con el patrocinio de la defensora oficial María Vigorelli.