Río de Janeiro, en quiebra a 100 días de los Juegos Olímpicos

La situación del estado brasileño es calamitosa, y a esto se le suma la presión de que en cien días será el inicio de los Juegos Olímpicos, y la sociedad no está para fiestas. Río de Janeiro se encuentra en bancarrota y sus autoridades reconocen que atraviesa una "situación calamitosa" que puede desembocar en una explosión social en vísperas del evento deportivo, que será inaugurado el 5 de agosto.

Con cerca de 16,5 millones de habitantes -6,3 de ellos en su capital, Río de Janeiro-, el estado está "próximo a un colapso social", como reconoció esta semana Leonardo Espíndola, un alto funcionario regional.

Región petrolera por excelencia de Brasil, Río se enriqueció durante años con los beneficios del crudo, pero la caída internacional de los precios -que han pasado de los u$s 110 por barril en 2014 a los u$s 40 barril- ha minado sus recursos. Una ley del Gobierno central que redujo las regalías de los estados productores de petróleo para repartirlas por igual entre todas las regiones provocó un agujero enorme en las finanzas.

El estado ha sufrido también el impacto del escándalo desatado en la petrolera estatal Petrobras, el "Petrolao", que salpica a funcionarios del Gobierno de Dilma Rousseff, dirigentes de la oposición y a algunas de las principales empresas del país, muchas involucradas en proyectos relacionados con infraestructuras de los Juegos Olímpicos. Según releva la agencia Efe, con una nutrida nómina de compromisos de pago, las pérdidas del estado se acercan a los u$s 5000 millones anuales y su déficit supera los u$s 20.000 millones.

Como una mátriz que se extendió en los países latinoaméricanos, la mala gestión administrativa es otro de los factores que agravan el problema, coinciden analistas locales que destacan que el gobierno regional no tuvo la previsión de crear un fondo de contingencia en épocas de "vacas gordas" para hacer frente a una eventual caída de sus beneficios petroleros.

La coyuntura es grave, admiten los funcionarios, que no pueden contar con el apoyo del Gobierno federal, en medio de la recesión económica que sacude a Brasil -con el mayor desplome en un cuarto de siglo- y la profunda crisis política que ha colocado a la presidenta Rousseff al borde del abismo.

En la mira de los sindicatos y los colectivos sociales, el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), es ahora un encarnizado enemigo del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.

La administración regional ha realizado fuertes ajustes y dilatado el pago de salarios a sus funcionarios. Las consecuencias no se han hecho esperar: problemas en la atención sanitaria, en educación, seguridad y retrasos en los pagos de las prestaciones sociales, en especial a los jubilados. La gobernación decretó emergencia la pasada navidad y dejó sin aguinaldo a medio millón de trabajadores y pensionistas.

Lejos de mejorar, la situación ha empeorado y, aunque el estado no es directamente responsable de la organización de los Olímpicos, es parte implicada y el "colapso" que reconocen sus autoridades puede impactar en los Juegos.

"Tal vez se avecine una situación en la que no haya combustible para los autos, nuestros hospitales atraviesan por extremas dificultades y nuestros funcionarios tienen salarios atrasados", reconocía Espíndola, alertando sobre los posibles riesgos en vísperas de los Juegos.

La seguridad no es un capítulo menor. Un ajuste en los salarios de la Policía se ha traducido en un recorte de su jornada laboral, lo que empieza a tener efectos en las zonas más conflictivas, en especial en las favelas, donde en los últimos meses se ha detectado un aumento de la violencia.

Un escenario poco optimista para unos Juegos que han requerido inversiones millonarias de las distintas administraciones -federal, regional y local-, con compromisos de obras de calado que ahora pueden quedar en el aire, como el metro que uniría la turística zona sur de Río de Janeiro con Barra de Tijuca, donde se ubica el Parque Olímpico, y que es responsabilidad de la Gobernación.