Empresa chilena deberá retirar residuos que arrojó en territorio argentino

Una compañía trasandina generó 50 millones de toneladas de residuos contaminantes que hoy descansan en suelo sanjuanino. Reclamos por el modo en que se realizará la recuperación del espacio

El gobierno de San Juan informó a través de un comunicado que se abrió de “forma ocasional” un nuevo paso fronterizo en la cordillera para que una empresa minera chilena pueda retirar los residuos contaminantes que arrojó en una escombrera del lado argentino. Con esta medida se pretende velar por las lagunas y ríos de la zona.

Se trata de la compañía chilena Pelambres, denunciada por generar 50 millones de toneladas de desechos contaminantes (roca estéril, gomas, aceites y neumáticos) en el partido  sanjuanino de Calingasta. Su obrar fue denunciado en 2014 por una empresa suiza (Glencore) que trabaja del lado argentino. 

La apertura fronteriza fue determinada por la Dirección Nacional de Aduanas, y quedó bajo el control de Gendarmería Nacional, quien monitoreará durante 360 días el tránsito de personas y maquinarias que trabajen en un recubrimiento que informaron que se realizará para sanear alrededor de 50 hectáreas. 

La medida es de carácter provisoria y fue establecida para que la minera cumpla con un acuerdo firmado con el gobierno de San Juan.

El acuerdo establece que mientras la Justicia Federal sanjuanina resuelva la situación con la escombrera, la empresa chilena debe aislar los escombros utilizando una geomembrana más una película de nailon de polietileno, retirar cubiertas de camión y construir en la base un canal para evitar mayor contaminación por el derrame de líquidos. 

Incertidumbre por los desperdicios

El senador Fernando “Pino” Solanas se manifestó en contra del acuerdo considerándolo inconstitucional, e incluso realizó una presentación en la Justicia Federal para que quede sin efecto. Al respecto expresó: “A nadie se le ocurre arrojar residuos peligrosos a un país vecino y hermano, contrariando nuestra legislación. Además, se trata de cuatro o cinco delitos en cadena: usurpación de territorio nacional, usurpación de propiedad privada, usurpación de aguas y contaminación”.

Asimismo, Solanas explicó que la situación empeora con el acuerdo firmado con el gobierno de San Juan para aislar 50 millones de toneladas de residuos peligrosos. “Esto es un cuento, no se puede hacer”, agregó y sostuvo que se debe exigir a la empresa de forma urgente que retire todo su material del suelo argentino. 

Al respecto, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis informó que el gobierno de San Juan hizo uso de las facultades como autoridad ambiental que tiene por su propio suelo, pero que ahora le corresponde a la Cancillería Argentina “actuar a la luz del derecho internacional público, con la cancillería chilena para bregar por un acuerdo, en relación a estos escombros, si se llevan o se dejan”.