Reclamos ecologistas contra la construcción de dos represas

Se trata de los embalses Kirchner y Cepernic en Santa Cruz, que afectarían al último río de origen glaciar

Un amplio sector del ambientalismo intenta impedir la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz. Se trata de los embalses Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que afectarían el último río de origen glaciar que todavía corre virgen por la belleza árida de la estepa. 

En ese cauce de aguas turquesas se cifra gran parte de la biodiversidad patagónica y por eso los activistas destacan los servicios ambientales de la cuenca, a la protección de especies vulnerables y al valor cultural de un área sembrada de vestigios arqueológicos y paleontológicos. De concretarse la obra, que cuenta con aval del Gobierno, todo ese patrimonio quedará sepultado por agua encajonada, que cubrirá 47.000 ha. 

Con la llegada de Mauricio Macri al poder se reformuló el proyecto original al reducir de 11 a 9 las turbinas de la RNK para resguardar al glaciar Perito Moreno, y se le quitó la propiedad de las represas a Santa Cruz. A cambio, se le dio a la provincia patagónica un 12% de regalías por la energía que genere el río y se renegoció con China de 7.000 a 4.800 millones de dólares el costo estimado de las obras.

Ahora los conservacionistas rechazan tanto el “contrato escandaloso y feudal”, rubricado por Julio de Vido y José López con los chinos asociados a Electroingeniería, como “las hidroeléctricas, que generan un alto impacto en los hábitats acuáticos, contribuyen a la pérdida de biodiversidad y modifican radicalmente todo el ecosistema”.

Por el momento, los ambientalistas realizaron varias proclamas. Desde la coalición Río Santa Cruz Sin Represas, integrada por Banco de Bosques, Vida Silvestre, la FARN, Naturaleza para el Futuro, Aves Argentinas (AA), Flora y Fauna, (FFF) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (Aaaap), se señaló al gobierno por dar el aval sin un estudio serio de impacto ambiental.

Tras un amparo presentado por la Aaaap, la Corte Suprema le ordenó al Gobierno que informara sobre el tipo de evaluación ambiental que legitima esas obras.